En su avanzada por clarificar los responsables en las demoras presentadas en la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que dejaron sin atención a unos 600.000 estudiantes, la Procuraduría General de la Nación abrió 10 nuevos expedientes en los que incluyeron a funcionarios y exfuncionarios de departamentos y ciudades en los que el programa presentó fallas entre 2016 y 2017.
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Entre los más rimbombantes personajes que aparecen en esta nueva lista de investigados está la actual gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, y el alcalde de Quibdó, Isaías Chala.
De la misma forma, el Ministerio Público abrió procesos al exgobernador de Meta, Alan Jara; al exalcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque; el exalcalde de Buenaventura, Eliecer Arboleda, y el exgobernador de Amazonas, Manuel Antonio Carebilla.
Junto con estos altos mandos locales y departamentales también aparecen otros funcionarios y exfuncionarios de secretarías, como la de Educación o Salud, y personal que debió encargarse de los contratos e interventorías de los mismos, pues las irregularidades con el servicio se presentaron desde las fases de planeación y contratación.
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Las investigaciones de la Procuraduría en cada uno de los lugares son específicas y dependen de las irregularidades que se hayan presentado en cada uno de ellos. Entre otras cosas esto será lo que mirará el órgano de control.
En el departamento del Valle la Procuraduría buscará saber si se suscribieron convenios sin convocatoria pública. En Arauca, entre otras cosas, analizarán si hubo irregularidades en el proceso de subasta “relacionadas con presuntas deficiencias técnicas, sobrecostos, y anomalías en la adjudicación, ejecución y supervisión del contrato”.
En Quibdó, por su parte, mirarán qué responsabilidad tuvo la administración respecto a la no contratación con lista de precios para la implementación del PAE y en Amazonas analizarán por qué contrataron el suministro de alimentos que no estaban contenidos o estaban prohibidos en los lineamientos técnicos del programa.
Mientras tanto, los exfuncionarios de Meta responderán por qué no se incluyeron a todos los centros educativos del departamento y en Cartagena por qué aumentaron el precio de los alimentos sin justificación; por ejemplo, al cobrar una pechuga de pollo por $40.000 o la unidad de carne molida a $38.000.
Para resolver esas y otras preguntas la Procuraduría practicará pruebas. Ayer el órgano de control anunció que había abierto investigación a diez gobernadores del país.
