Afectación a los derechos humanos en el sur de Bolívar

Vie, 31/08/2018 - 09:53
El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, verificó durante tres días, la situación humanitaria y de derechos humanos de las comunidades de los municipios de Norosí y Tiquisio (Bolív
El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, verificó durante tres días, la situación humanitaria y de derechos humanos de las comunidades de los municipios de Norosí y Tiquisio (Bolívar). La entidad estuvo por la zona del Sur de Bolívar, en la cual se habían reportado riesgos para la población a través de la Alerta Temprana 056-18, porque al parecer, habría presencia de grupos armados ilegales; además, pudo evidenciar la difícil situación que afrontan los jóvenes debido a que sus instituciones educativas carecen de docentes y alimentación escolar. “Es preocupante que más de mil niños no tienen posibilidades de estudio. Como Defensoría vamos a hacer respetar el derecho de los niños a tener lápices y no armas”, indicó Negret Mosquera, y aprovechó para hacer un llamado a la Gobernación del Bolívar y al Ministerio de Educación para tener como prioridad a los niños y su futuro. Por otra parte, la Alerta emitida por la Entidad, advirtió una mayor actividad armada en la región, particularmente en las estribaciones orientales de la Serranía de San Lucas; área que comprende los municipios de Morales, Arenal, Norosí, Tiquisio y Montecristo. Durante la visita el defensor recibió información sobre la presencia de grupos armados ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el ELN y disidencias de las FARC, que vienen afectado el orden público de la zona. “Los grupos ilegales están dedicados a la extorsión, secuestro y al reclutamiento. Le pedimos al Gobierno que haga presencia y se tomen los correctivos de seguridad necesarios para traer la paz anhelada a esta zona del país”, señaló desde el sur de Bolívar el Defensor del Pueblo. Finalmente, la comisión de la Defensoría estableció que existen graves deterioros en las fuentes hídricas de la región, al parecer, por el ejercicio irregular de la minería y la deforestación. El defensor explicó que estas prácticas, llevan a la zona a una tragedia ambiental que debe controlarse con eficiencia por las autoridades ambientales locales y nacionales.
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