Según informó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Regional Santander, este año se han recibido 660 denuncias por abuso sexual a niños en Santander. Una cifra escándalosa que aterra a las autoridades competentes en la región.
“La cifra es realmente aterradora”, aseguró la Directora Regional del ICBF, Margy León, ya que la mayoría de víctimas son menores entre los 6 y 10 años que habrían sido abusados por sus familiares.
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“Esa cifra es del primer semestre del 2018, donde han ingresado 660 casos de peticiones de restablecimiento de derechos por abuso y explotación sexual”, explicó. La funcionaria añadió que esos casos de abuso sexual ya están dentro de un proceso del ICBF.
Karen Abudinen, Directora General del ICBF ratifica constantemente a través de sus redes sociales y las cuentas oficiales del Bienestar Familiar, que las líneas de atención se encuentran a disposición de los colombianos para denunciar cualquier abuso, maltrato, explotación infantil o acto que atente contra la integridad de los menores de edad del país.
A la línea 141 (línea de atención del ICBF), han ingresado más de 6 millones 500 mil llamadas entre el 2016 (año en que se habilitó la línea) y el 2018.
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De esas llamadas ingresadas, 148.159 reportan casos de vulneración a los derechos de los menores de edad y maltrato, de los cuales el 32 % corresponde a maltrato físico, 27 % maltrato por negligencia, 15 % violencia sexual, 6 % consumo de sustancias psicoactivas y 5 % a situación de trabajo infantil.
El ICBF cuenta con 255 colaboradores en el centro de contacto, dedicados a los canales de denuncia: el virtual, escrito y telefónico; de los cuales 125 son exclusivamente para la línea 141.
https://twitter.com/karenabudi/status/1015387995640401921
La Fiscalía por su parte, informó que de todas las denuncias que ha recibido el órgano judicial, hay 49 órdenes de captura y 39 personas están en la cárcel.
El pasado martes el Instituto de Bienestar Familiar informó también que en lo que va corrido del 2018, se han retirado 23 niños venezolanos de sus familias por ejercer labores en los principales semáforos de Bucaramanga. Estos niños se encuentran en proceso administrativo de restablecimiento de derechos.
