Alberto Rojas, presidente de la Corte Constitucional

La Sala Plena de la Corte Constitucional eligió a sus dignatarios para el periodo 2020. Como presidente de la Corporación, eligió al magistrado Alberto Rojas Ríos.
La Sala Plena de la Corte Constitucional eligió a sus dignatarios para el periodo 2020. Como presidente de la Corporación, eligió al magistrado Alberto Rojas Ríos. Procedente del eje cafetero, es el primer magistrado de origen pereirano que ha llegado a esta alta corte. Es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia. Doctorando del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, España. Magister en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional del misma Alma Máter. Con estudios especializados en Derecho Procesal, en Derecho Administrativo y en Derecho Constitucional. [single-related post_id="1246846"] Rojas fue procurador Delegado para asuntos civiles ante la Corte Suprema de Justicia, cargo en el que se dedicó especialmente a la defensa del orden jurídico y de los derechos fundamentales, así como a la recuperación de bienes de uso público. Fue igualmente procurador y viceprocurador General de la Nación, encargado. Consultor y asesor de diversos programas de Naciones Unidas. Conjuez de la Corte de la cual hace ahora parte.

Su magistratura

En sus ponencias, el Magistrado Alberto Rojas Ríos, se ha caracterizado por sus posiciones en defensa de las garantías constitucionales de las minorías, de las poblaciones vulnerables, la protección del medio ambiente y de los animales, posiciones que le han merecido importantes reconocimientos, entre ellos:
  • La Fundación Internacional Womens Link Worldwide nominó al Premio Mallete del año 2014 la Sentencia T-815 de 2013 en donde se estableció que los derechos sexuales y reproductivos de las personas privadas de la libertad deben ser protegidos.
  • El último reconocimiento le fue otorgado por la Corporación Excelencia en la Justicia, que premió como la mejor sentencia de la Corte Constitucional en el año 2019 por su destacado impacto nacional, la C-028 que declaró la inconstitucionalidad de la norma que otorgaba un trato jurídico diferenciado e injustificado a las trabajadoras domésticas (el trabajo que sostiene la vida).
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