El Consejo de Ministros alemán aprobó un proyecto de ley para agilizar la expulsión de solicitantes de asilo rechazados, para que quienes solicitan asilo tengan que vivir obligatoriamente por un tiempo establecido en un centro de acogida, para dar tiempo a las autoridades mientras se verifica su identidad y otros datos personales. Las personas que no sean autorizados a recibir el asilo solicitado, podrán ser expulsados directamente desde el centro de acogida a sus países de origen.
Se esta manera, las personas quedan completamente controladas, ya que prácticamente se verían limitados a dicho centro y al perímetro donde está esa oficina. Quienes queden rechazados por las autoridades no podrán salir y estar de manera ilegal en el país.
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Esto sería para aumentar el control sobre los procedimientos de solicitud de asilo y evitar, por ejemplo, que los recién llegados presentasen diversas solicitudes en diferentes oficinas al mismo tiempo. La reclusión en estos centros permite además aumentar la seguridad hasta la verificación de la identidad de los recién ingresados en el país, ya que muchas personas llegan sin documentación de sus países de origen o con información y documentos falsos que consiguen en el mercado negro.
El tiempo máximo de estadía antes de ser deportada la persona sería aumentado de 4 a 10 días, y está previsto que los servicios sociales de atención al menor puedan presentar con mayor celeridad solicitudes de asilo para refugiados menores de edad no acompañados.
La Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), partido hermano de la conservadora CDU de Ángela Merkel, ha emprendido una campaña entre el resto de los Bundesländer para promover los centros de detención para refugiados que el Gobierno alemán aprobó durante la pasada legislatura, en el 2017, dentro de un conjunto de reformas para endurecer el derecho de asilo.
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El secretario general de la CSU, Markus Blume, pidió a los estados federados alemanes que apoyen a los "centros de anclaje", ya que según dice Baviera no puede asumir su implementación sin apoyo del resto de los estados.
Sin embargo, la mayoría de las regiones alemanas rechazan estos centros. La primera fase "piloto" del Ministerio Federal del Interior de hasta seis ubicaciones amenaza con fallar, ya que estos centros no son socialmente aceptados, ni nadie los quiere en sus barrios.
