Los países de América Latina tienen que reformular sus políticas penitenciarias y empezar a pensar nuevas formas de castigar los delitos si quiere mejorar los graves problemas de seguridad que enfrentan actualmente, dijo en entrevista con Sputnik la exdirectora del Ilanud, Cecilia Sánchez.
"Tiene que haber una discusión esencial; América Latina debe hacer un alto, reflexionar, y decidir si se va a decantar por seguir encerrando gente o si va a replantear" sus políticas, "sobre todo cuando no hay condiciones en las cárceles de llevar adelante procesos de inserción y acompañamiento", dijo la exministra de Justicia de Costa Rica (2015-2017).
Sánchez sostuvo que los países latinoamericanos comparten "una realidad tremendamente complicada" en lo que respecta a la situación de sus cárceles, donde prima el hacinamiento, el uso excesivo de la privación de libertad preventiva, y resistencias de parte de los gobiernos a destinar más cantidades de recursos a programas que funcionen como alternativa a la prisión.
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"En general es una situación que pareciera que cada día tiende a aumentar, porque se sigue politizando el tema del populismo punitivo", dijo quien dirigió el Ilanud (Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para el Tratamiento del Delito y del Delincuente) del 1 de enero de 2018 hasta el 31 de marzo de este año.
Según Sánchez, los Estados de América Latina gastan, en promedio, entre 30 y 40 dólares diarios por cada persona privada de libertad, una cifra que incluye su alimentación, atención y custodia.
"Y muchas veces son personas que están dos o tres años en prisión porque han sustraído un bien cuyo valor no supera los diez dólares", ejemplificó.
"Esa comparación no se hace, eso no se dice, porque se ha vendido a la gente que lo que importa es sancionar", añadió.
De acuerdo a la base de datos World Prison Brief, en América Latina hay 1,6 millones de personas privadas de libertad, lo que supone una tasa de 256 presos cada 100.000 habitantes.
