El Juez 39 civil de Bogotá, Eduardo Díaz, anuló el primer matrimonio entre pareja homosexual realizado el 20 de septiembre por el juez 48 municipal de Bogotá, Juan Carlos Cerón, esto tras admitir una tutela interpuesta por la Fundación Marido y Mujer.
El presidente de la Fundación, Javier Suárez afirmó que: “Aplauden esa decisión del Juez 39 del Circuito de Bogotá que ha proferido un fallo en justicia, en derecho, en el marco de la Constitución y la Ley y que ha sabido respetar en ese orden de ideas la institución familiar configurada por el hombre y la mujer”.
El abogado dijo que en Colombia no hay fundamento jurídico para establecer el matrimonio entre parejas homosexuales sino que el matrimonio sigue siendo exclusivo en Colombia entre el hombre y la mujer.
El Presidente de la Fundación afirmó que “es competencia del Congreso de la República legislar y establecer el contrato civil para parejas del mismo sexo, y no pueden los jueces de la República convertirse en legisladores y constituyentes en sus despachos judiciales”.
De otra parte, Suárez rechazó el matrimonio entre una pareja de mujeres celebrado el fin de semana por el juez Promiscuo municipal de Gacheta (Cundinamarca), Julio González, así como las uniones de parejas del mismo sexo hechas por la Juez67 Civil Municipal de Bogotá, o el Juez 11 civil Municipal de Cali.
Javier Suárez anunció que además de los casos de los jueces, 67 Municipal de Bogotá, 11 de Cali y 48 de Bogotá, también presentará demanda contra el Juez Promiscuo de Gachetá.
“Ya están listas e instauradas las denuncias disciplinarias contra los cuatro jueces de la República que salieron con el escuálido argumento de que ‘se puede interpretar por analogía el matrimonio para homosexuales’. Los jueces están obligados a sujetarse al principio de legalidad y no falsear la Constitución, ni extralimitarse en sus funciones”.
Por estos motivos, se pidió la destitución de los mencionados administradores de justicia. “Es así como pedimos les sea destituidos de sus cargos como sanción disciplinaria, se revise la carga punitiva para una sanción penal y les sea retirada la tarjeta profesional, pues demuestran que no son capaces de estar sometidos al imperio de la constitución y la ley, sino que se dedican a hacer favores de ilegalidad inducidos al error bajo la falsa fachada de hacer ver la homosexualidad como ‘derecho humano’, cuando en verdad, es un problema de psicología clínica y médico”.
