Asesinan a otro líder social en Nariño

El asesinato de lideres sociales en Colombia continua. La zona occidental del país, sobre todo en el departamento de Nariño, ha sido una de las más golpeadas y en el día de hoy se sumó la muerte de otro líder social del departamento. Un par de desconocidos abordaron a José Cortés, líder social de Tumaco, en un local mientras observaba el partido entre Colombia y Brasil. Cortés se desempeñaba como presidente de la junta de acción comunal del kilómetro 63, en la vía entre Tumaco y la ciudad de Pasto.

Líder social asesinado en Nariño

Anoche en el corregimiento de Llorente en #Tumaco, asesinaron al líder y docente #JoséCortezSevillano. Como tantos otros líderes sociales trabajaba en defensa de su gente. Solidaridad con su familia. ¡Que pare la masacre ya!#NoMás! pic.twitter.com/pU45O5ht0W — Camilo Romero (@CamiloRomero) 7 de septiembre de 2019

En Nariño según la Misión de Observación Electoral, MOE, en lo que va corrido del presente año ya habían sido asesinados ocho líderes sociales. Leer más: Compromiso de Duque para derrotar a grupos criminales

Casi 1.000 líderes sociales asesinados en el país:

El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Negret, aseguró que unos 983 líderes sociales están bajo amenaza de muerte: “Es necesario creer lo que dicen los panfletos amenazantes, los cuales no se pueden ignorar”, dijo al instalar la Mesa por la Protección a la Vida de las Mujeres en Cali, al suroccidente colombiano. La Defensoría del Pueblo informó que la mayoría de las amenazas van dirigidas a mujeres. Entre marzo de 2018 y mayo de 2019, 480 líderes defensoras de derechos humanos fueron agredidas, de esta cifra 20 fueron asesinadas y 13 sufrieron atentados para acabar con su vida. [single-related post_id="1174451"] Los 447 casos restantes “es el nicho en el que debemos trabajar para implementar las alertas tempranas”, afirmó Negret. Las alertas tempranas son un mecanismo de con el cual la entidad acopia, verifica y analiza de manera técnica la información relacionada con situaciones de vulnerabilidad y riesgo de la población civil como consecuencia del conflicto armado, y advierten a las autoridades para proteger a las comunidades.