En Medellín fue capturado un empresario señalado de hacer parte del caso de corrupción que se descubrió al interior del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Así lo dio a conocer el ente investigador y se trata del empresario Jorge Iván Sánchez Salazar, quien está siendo investigado por el escándalo de corrupción al interior del Invima.
https://twitter.com/FiscaliaCol/status/1035338938075029504?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1035338938075029504&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.elcolombiano.com%2Fantioquia%2Fcaso-invima-capturan-a-empresario-jorge-ivan-sanchez-salazar-en-medellin-YF9250133
La Fiscalía General de la Nación indicó que esta persona será presentada ante un juez de control de garantías y se espera que en las próximas horas se adelante la audiencia de legalización de captura y después sea trasladado a Bogotá para la imputación de cargos.
Además, deberá responder por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, concierto para delinquir, falsedad ideológica en calidad de determinadores, enriquecimiento ilícito de particulares. Se conoció que al momento de su captura no opuso resistencia.
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El pasado 29 de agosto la Fiscalía General de la Nación dio a conocer una red de corrupción al interior del Invima, luego de un años de extensas investigaciones, por estos hechos fueron capturadas 14 personas, entre las que se encuentra la reconocida empresaria de productos de belleza, Stella Durán.
Estas personas son señaladas de hacer parte de una red de corrupción que a cambio de sobornos, agilizaba permisos y otros trámites para la venta productos médicos y estéticos sin revisión científica, esto permitió que los colombianos adquieran medicamentos, suplementos dietarios y productos de belleza, sin inspecciones científicas y sin conocer su composición real, lo que representaría un atentado contra la vida de los consumidores.
La Fiscalía estableció que esta organización criminal tenía fijados una serie de precios para sus trámites de corrupción, que llegaron a oscilar entre los 750.000 y los 14 millones de pesos.
Es de anotar que el ente investigador compulsó de copias para iniciar el proceso de extinción de dominio tanto a los empresarios y laboratorios involucrados, como a los funcionarios que se lucraban de la actividad criminal.
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