A través del Sistema de Alertas Tempranas, la Defensoría del Pueblo identificó la presencia del llamado Clan Úsuga en 22 departamentos del país: Antioquia, Bolívar, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Sucre, Cundinamarca, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander y Valle del Cauca.
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El organismo humanitario advirtió de la influencia de dicha estructura en zonas urbanas de la Costa Caribe, la frontera con Venezuela y el Valle de Aburrá, información que compartió con el Ministerio de Defensa.
El episodio más reciente del Clan Úsuga sucedió en la vereda Piñal Salado de Tumaco, Nariño, donde 4 hombres presuntamente integrantes de las denominadas Autodefensas Gaitanistas llegó hasta la vivienda de Franklin Quiñones Tenorio, líder del Consejo Comunitario Rescate Las Varas, disparando en repetidas ocasiones, afortunadamente sin ocasionar víctimas fatales ni heridos.
Cabe anotar que el 24 de enero de este año en la vereda San Luis Robles del mismo municipio, fue asesinado el líder Johan Alexis Vargas, caso que se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, pero que en principio se vinculó con las denuncias sobre la presencia del Clan Úsuga, como habría ocurrido también en los hechos de las últimas horas.
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El reporte del Sistema de Alertas Tempranas señala la presencia activa de otras cuatro estructuras de grupos posdesmovilizados, que corresponden a reductos de Los Rastrojos (en 16 departamentos), Libertadores del Vichada y Bloque Meta (en 3) y La Empresa en uno.
Para la Defensoría del Pueblo resulta preocupante que independientemente de la denominación de los grupos posdesmovilizados como bandas criminales o emergentes, las acciones violentas cometidas por ellos sigan siendo tratadas como delitos comunes, pues las víctimas no son consideradas como parte de la población civil afectada por el conflicto, no obstante que pesar de los cambios en la dinámica de las expresiones armadas, existe una réplica evidente de conductas como las amenazas, el desplazamiento forzado, los homicidios selectivos, la extorsión y el constreñimiento de las libertades mediante el control territorial.
Vale la pena agregar que de las 58 situaciones de riesgo advertidas el año pasado por posibles vulneraciones a los derechos humanos asociadas a los grupos armados ilegales, estas organizaciones posdesmovilizadas o bandas criminales, eran protagonistas de 51, es decir el 88 por ciento.
*Con información de RPTV
