La semana pasada, el Consejo de Estado confirmó la decisión que expidió en el 2008 la Unidad Nacional de Tierras Rurales, donde mediante la figura jurídica de extinción de dominio, la Universidad del Cauca deberá entregar unas 117.000 hectáreas a las comunidades afrodescendientes que habitan en la cuenca del río Naya.
En la decisión, el alto tribunal le pide a la Procuraduría que supervise el proceso de titulación colectiva de las tierras a las comunidades afro porque la universidad no ejercía ninguna actividad productiva en el terreno, pues omitió el cumplimiento del sentido social, económico y ecológico que debe tener el aprovechamiento de la tierra. Además porque el inmueble estaba siendo aprovechado de manera artesanal por comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, entre ellas el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra del río Naya.
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