A comienzos de este año se dio a conocer la iniciativa del partido Alianza Verde, movimiento político al que pertenece la senadora Claudia López, de promover un proyecto para prevenir y castigar los hechos de corrupción en el país.
Este miércoles 26 de julio, tras una fuerte campaña realizada por diversas personalidades políticas durante seis meses, la Consulta Popular Anticorrupción logró recaudar un total de 4'312.653 firmas, y se convirtió en la iniciativa ciudadana radicada con mayor número de firmas desde que se consagraron estos mecanismos de participación en la Constitución del 91.
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Las firmas fueron radicadas por la Consulta Popular Anticorrupción ante la Registraduría Nacional,que ahora cuenta con 45 días para revisar los documentos y certificar que haya más de 1.762.080 firmas válidas para que la Consulta pueda continuar.
¿Qué viene para la Consulta Anticorrupción?
El trámite continuará en la plenaria del Senado, onde se tendrá que aprobar una proposición en la que se exprese la conveniencia de convocar esta consulta. A partir de esa aprobación, la Registraduría tendrá hasta 3 meses para convocar a los ciudadanos a votar los siete mandatos de la Consulta Anticorrupción.
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El paso final y definitivo lo darán los ciudadanos, ya que por lo menos 11 millones de colombianos deberán votar los siete mandatos anticorrupción para que se vuelvan obligatorios.
¿Cuáles son los siete mandatos anticorrupción?
- Limitar a máximo tres periodos la permanencia en las corporaciones públicas como Concejos, Asambleas y Congreso.
- Establecer como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, publicar anualmente las declaraciones de bienes, renta y conflictos de interés a todos los elegidos.
- Obligar que el presupuesto de inversión de alcaldías, gobernaciones y Nacional, se desglose y priorice en audiencias públicas con la ciudadanía.
- Obligar a los congresistas a rendir cuentas sobre su gestión política y legislativa, de manera periódica y detallada.
- Terminar unilateralmente los contratos entre el Estado y aquellas personas condenadas por delitos contra la administración pública sin ningún tipo de indemnización.
- Aquellas personas condenadas por corrupción deberán pagar la pena en la cárcel sin ningún tipo de beneficio
- Reducir de 40 a 25 salarios mínimos legales vigentes el sueldo de Congresistas y altos funcionarios del Estado.
