Como una injusticia han calificado varios medios de comunicación, así como notables juristas, el insólito episodio del carcelazo a Jaime Lombana. Que un abogado defensor sea mandado a la cárcel por recalcar la inocencia de su cliente no tiene antecedentes en Colombia. La víctima en este caso fue el representante de la familia Colmenares en el proceso que se adelanta por el presunto homicidio de su hijo Andrés.
La juez 11 de conocimiento que lleva el caso decidió encarcelar a Lombana por supuestamente haber violado una orden suya, consistente en no suministrar a la prensa informaciones sobre el proceso. En una entrevista concedida a City TV, el abogado recalcó lo que siempre ha asegurado: Que Andrés Colmenares fue asesinado. La reiteración de ese alegato, no el suministro de información, fue el pretexto para la drástica e inusual decisión de la juez Paula Jiménez. Desde un comienzo, la orden de silencio impartida por la Juez 11 fue controvertida por varios juristas que consideran que ese tipo de censura es inaceptable. Las criticas arreciaron después de la decisión tomada contra Lombana, pues, alegan, no se tomaron en cuenta las violaciones a la misma orden cometidas por la contraparte, el abogado Jaime Granados, cuya oficina, aseguran, acostumbra enviar periódicamente boletines de prensa sobre el proceso.
El procedimiento empleado por la juez para arrestar a Lombana también ha sido criticado, por considerarlo desproporcionado. Lombana fue arrestado en los juzgados de Paloquemao en medio de una audiencia. Estaba sentenciado a 48 horas de detención, que debía pagar en los calabozos del antiguo DAS, según orden expresa de la juez Jiménez. Mientras la justicia da la casa por cárcel a numerosos criminales, el abogado Lombana fue condenado a cumplir su pena en compañía de antisociales que bien podían ser acusados suyos en otros procesos. Finalmente, debido a este tema de seguridad que la Juez 11 no tuvo en cuenta, el CTI tomó la determinación de conducir al abogado a una estación de policía.
Este miércoles, Jaime Lombana anunció su determinación de denunciar penalmente a la juez Jiménez. Los cargos: prevaricato por acción y omisión. En el primero, Lombana argumentará la privación injusta de su libertad, producida por un abuso de poder de la funcionaria. Y en omisión, por no haber evaluado la conducta de la contraparte la cual, en concepto de Lombana, sí violó flagrantemente la orden judicial de no dar informaciones y opiniones sobre el caso Colmenares.
