La Contraloría General de la Nación declaró que las Zonas de Reserva Forestal de la Nación, particularmente las constituidas mediante la Ley 2ª de 1959, han alcanzado unos niveles de degradación y deterioro ecológico críticos.
Mientras la deforestación avanza de manera acelerada y sin control, el Gobierno Nacional, a través de una reciente Resolución (0264 del 22 de febrero de 2018) ha abierto el camino para legitimar las actuaciones irregulares e incluso delictivas (como cultivos ilícitos y ocupaciones ilegales) que afectan estas áreas.
Sin embargo, el estudio sobre la degradación de las zonas de reserva forestal de la Ley 2ª, en la última década, y el caso del posconflicto, indica que hoy en día el uso de suelo ha venido cambiando por el avance de la frontera agrícola, la ganadería extensiva, la tala ilegal y la minería, además de los efectos devastadores de los cultivos ilícitos, razones por las cuales hoy se evidencia un deterioro de los recursos naturales.
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A lo anterior se suma la ausencia total de seguimiento a las sustracciones efectuadas desde que se establecieron estas áreas, lo que se hace evidente por el estado de degradación en que se encuentran.
Según los estudios de la Contraloría, las Zonas de Reserva Forestal creadas por la Ley 2ª se han reducido en un 22% desde su creación, pasando de más de 63 millones de hectáreas declaradas originalmente, a aproximadamente 48 millones en la actualidad.
De esas 48 millones de hectáreas, el 83% (40.612.648 hectáreas) tienen hoy cobertura de bosques, lo que significa un ritmo creciente de pérdida de cobertura forestal a una tasa anual de 194.000 hectáreas, que llevaría al país a quedarse sin bosques en corto tiempo.
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Por otra parte, se agregó que, los comités recién creados para el control de la deforestación, como la Comisión Intersectorial para el Control de la Deforestación y Gestión Integral para la Protección de los Bosques Naturales y la Burbuja Ambiental son ineficaces, pues mientras el proceso decisional es lento, la deforestación avanza de manera acelerada y con la anuencia de las autoridades competentes, como en el caso de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía, en la cual para el año 2016 se talaron cerca de 40.000 hectáreas, de las cuales el 56% corresponden a áreas no sustraídas.
Finalmente se concluyó que el proceso de denuncia de afectaciones al medio ambiente tiene dificultades, es ineficaz y poco efectivo, por cuanto el posible denunciante debe acudir a múltiples instancias como la Autoridad Ambiental, la Policía, la Fiscalía y otros entes, sin encontrar respuesta y exponiéndose a amenazas, lo cual desestimula el control social.
