La Fiscalía General de la Nación aprovechó la instalación de la última legislatura del Congreso de la República para radicar un proyecto de ley con el cual se pretende erradicar la corrupción del país. Sobre el mismo, el fiscal general Néstor Humberto Martínez aseguró que su principal objetivo será luchar para que estos casos bochornosos no se vuelvan a presentar.
"Por ser el patrimonio de todos los colombianos, será un delito omitir la denuncia de corrupción y podría ir a la cárcel a pagar una pena de tres a ocho años", indicó el fiscal. De hecho, la iniciativa tiene medidas para eliminar la corrupción y busca garantizar la judicialización de quienes cometan este delito.
El proyecto fue radicado en la secretaría general de la Cámara de Representante y será enviada a una comisión con el fin de que se designe un ponente y comience su trámite en el Congreso. Según se pudo conocer, las propuestas de la Fiscalía buscan la penalización de las conductas corruptas de las personas que trabajen con el Estado o empresas privadas.
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Propuestas:
En primer término, la medida propone la penalización de nuevas formas de criminalidad o adecuaciones de los delitos existentes frente a la gravedad de las conductas que hoy no tienen sanciones condignas.
Asimismo, se penaliza la omisión de denuncia cuando los particulares no adviertan de delitos de corrupción de los que tengan conocimiento.
Por otra parte, se sanciona a las personas que sirvan de testaferros, es decir que presten su nombre para adquirir u ocultar bienes con dineros procedentes de la corrupción.
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Se penaliza a los profesionales (contadores, revisores y jefes de control interno) que presten sus servicios para evitar la identificación o rastreo de propiedades o dinero que tengan origen ilícitos.
Contadores, revisores y jefes de control interno que sospechen de un acto de corrupción, en desempeño de sus funciones, deberán reportarlo a la UIAF. De no hacerlo estarán expuestos a penas que van entre los tres (3) y seis (6) años de cárcel.
Se tipifica como concierto para delinquir agravado las actuaciones articuladas contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado. En este punto, además de multas, se propone cárcel de 8 a 18 años.
Se proponen penas privativas de la libertad para los delitos en los que se divulguen documentos e información reservada, o se utilice indebidamente información privilegiada o asunto sometido a reserva, que en la actualidad son sancionados con multa.
