Como “un duro golpe al corazón financiero del ELN” calificó la Fiscalía General de la Nación la operación a través de la cual incautó 16 bienes que estaban en manos de testaferros de este grupo armado y tienen un valor aproximado de 6.500 millones de pesos. Las propiedades pasaron a ser cobijadas por extinción de dominio.
En total están en proceso de pasar a manos de las autoridades 11 inmuebles urbanos, 3 rurales y 2 establecimientos de comercio que tienen un área total de 779 metros cuadrados. Estos habían sido adquiridos por personas que tienen relación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, por la información recolectada, hasta ahora se presume estarían vinculadas con la comisión de finanzas del Frente Domingo Laín Sanz, del mismo grupo guerrillero.
Estas propiedades que quedaron en el poder de la Sociedad de Activos Especiales están ubicadas en los municipios de Saravena, Arauquita y Tame, en Arauca; y en Pereira y Dosquebradas, en Risaralda.
Al menos 6 desmovilizados del grupo guerrillero contaron la forma cómo estas propiedades se explotaban económicamente por quienes estaban encargados de cuidarlas, principalmente a través del arriendo, lo que les servía de fachada para ocultar las procedencias de otros recursos captados de forma ilegal.
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A partir de estas versiones, la Fiscalía revisó registros de otras entidades públicas para comprobar si los poseedores de estos predios contaban con los recursos suficientes para tenerlos y se dieron cuenta de que muchos no tenían las condiciones económicas para hacerlo.
Por ejemplo, Grasiquer Toro es un pensionado que, según las autoridades, no tenía ingresos que le permitieran ser propietario de un inmueble comercial como el que decía tener.
Este operativo fue bautizado como la Operación Rey. En ella se detectó que muchos de los implicados en esta red de testaferrato tenían una relación familiar entre sí. Reinaldo Hernández, alias ‘Gordo Lindo’; Isidro López Serrano, alias ‘Gavilán’; o Elsa Yaneth, alias ‘La Pata’, fueron señalados como algunos de “los responsables de administrar los dineros de extorsión, secuestro; el concierto para delinquir y homicidios”. No obstante, este dinero lo transferían a familiares quienes ocultaban su origen.
