Formulan cargos contra el subdirector del Sena en Cauca

Jue, 24/05/2018 - 09:06
Por irregularidades en contratos al interior del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), regional Cauca, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al subdirector de la entidad en ese departam
Por irregularidades en contratos al interior del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), regional Cauca, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al subdirector de la entidad en ese departamento por altos costos en la contratación de arrendamientos. Se trata de Edward Enrique Vargas Vivas, a quien el ente investigador señala de haber incurrido en la apropiación indebida de recursos públicos, con la celebración de un contrato de manera irregular, con el fin de hacer sobrecostos superiores a los del mercado y con el pago de cánones de arrendamiento mayores al área contratada. [single-related post_id="878008"] De acuerdo al ente acusador, los hechos que fueron materia de investigación habrían ocurrido en enero de 2014 y febrero de 2015, con el contrato de arrendamiento de un bien inmueble, para lo cual se habría suscrito sin el cumplimiento de los estudios de mercado. Estos hechos se conocieron gracias a una denuncia hechas por el sindicato de trabajadores de la entidad, quienes advertían sobre sobrecostos por un contrato de arrendamiento por once meses, desde el 1° de febrero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014, que se suscribió por $169.400.000 para hacer un pago mensual por un  valor de $15.400.000, lo que equivalía, según los denunciantes, a cancelar de tres a cinco veces más, en comparación con otros contratos que la entidad mantenía con otras instituciones, como lo son el INEM con un costo mensual de $5.800.000,  el Liceo Humboldt con $2.762.000 y en la IE Tomás Cipriano de Mosquera solamente $1,000.000. [single-related post_id="878000"] Pero según ese mismo sindicato, en el año 2015, ese mismo contrato fue renovado, pero esta vez por un valor aún más alto, que en total fue de  $23.300.000 mensuales, lo que representó un aumento de 51.29% mientras que lo autorizado legalmente era del 3.6%. En la audiencia de imputación, la Fiscalía le formuló cargos por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, pero el funcionario no aceptó los cargos.
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