Ante el último comunicado publicado por Empresas Públicas de Medellín (EPM) en el que afirmaban que la responsabilidad económica generada por las reiterativas emergencias presentadas en Hidroituango se iba a distribuir entre todos los socios del proyecto, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, aseguró que la compañía pretende que la Gobernación pague por errores que ellos mismos cometieron. Acto seguido, calificó a los directivos de EPM de “mañosos” y “embusteros”.
Tal como ha sucedido en oportunidades anteriores, Pérez Gutiérrez aprovechó su espacio en Teleantioquia para contar ante la audiencia las responsabilidades que, según algunas investigaciones independientes a la compañía, han tenido las Empresas Públicas. En su intervención, el Gobernador aseguró que el argumento que utilizaba EPM para transferir sus deudas a la Sociedad Hidroituango, en la cual la Gobernación tiene participación, estaba sustentado en datos erróneos e imprecisos.
EPM dijo que como la empresa chilena Skava, en su estudio Causa Raíz había determinado que la principal falla en la hidroeléctrica de Ituango se había presentado en la fase de diseño, a ellos no les correspondía cubrir los costos de forma exclusiva porque en esa fase también hay responsabilidad de los demás socios. A esto, el Gobernador contestó que la consultora “es una voz pagada por EPM”, lo que le resta validez a su concepto, y afirmó que este mismo estudio había mostrado otras posibles causas de la contingencia que sí eran responsabilidad de la empresa.
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Luego de insistir en que cada información brindada por la cuestionada compañía había que ponerla en duda, el Gobernador remató diciendo: “yo sí quisiera ver cuáles son los directivos de EPM que son capaces de tener los pantalones y decir la verdad y no seguir perturbando la opinión de la ciudadanía. Yo veo que cada que sacan un documento es para ver cómo enredan (...) son mañosos con la ciudadanía”.
Finalmente, Pérez Gutiérrez invitó a cada una de las partes a reconocer sus propias responsabilidades, asegurando que este proyecto había desplazado a más de 22.000 personas y dejado un vacío en las finanzas del departamento por su retraso en la entrada en operación.
