El ministerio público, por tanto, mantendría así la interpretación que durante la jornada del referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 hubo una "insurrección violenta" que puso en peligro el orden constitucional.El delito de rebelión se puede castigar en España con penas de hasta 25 años de prisión.
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El rotativo asegura que los cuatro fiscales no recibieron ninguna instrucción por parte de la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, y que, en consecuencia, no alterarán su estrategia a pesar de los llamados del Ejecutivo de Pedro Sánchez y Quim Torra al diálogo.
En el escrito de 20 páginas al que tuvo acceso el diario, la Fiscalía defiende que en Cataluña se produjo en octubre una "insurrección" para conseguir "la ruptura del orden constitucional" y "la desintegración de la unidad de la nación española".
El juicio a varios dirigentes independentistas, entre ellos varios miembros del anterior Ejecutivo catalán, se espera que se celebre este otoño.
La Justicia los investiga por supuestos delitos de rebelión y malversación de fondos relacionados con la organización de la consulta del 1 de octubre.
En el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont –quien se encuentra desde octubre de 2017 en Bélgica (Bruselas) con el fin de eludir la acción de la Justicia española– tanto la Justicia alemana como la belga desestimaron anteriormente la extradición por rebelión.
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