Este miércoles la periodista Jineth Bedoya Lima hizo la devolución formal al Estado del monto económico que se le dio como indemnización administrativa por Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
La periodista fue reconocida como víctima del conflicto tras el secuestro y abuso del que fue víctima en mayo de 2000 en la cárcel La Modelo durante el desarrollo de un trabajo periodístico.
“El daño que este conflicto me causó a mí y a mi familia no valen los 24 millones 640 mil pesos que me dieron. Mi reparación es la verdad, es lo único que pido. Ustedes (el Estado) me han revictimizado con sus mentiras, sus omisiones y su inoperancia”, dijo la comunicadora.
Según informó la Fundación para la Liberad de Prensa, Flip, es una decisión autónoma de Bedoya que se motiva en la enorme contradicción que existe desde las autoridades en el tratamiento de su caso. Por otra parte, existe un reconocimiento público sobre su lucha por la justicia, aunque el Estado no considera tenga responsabilidad alguna.
La Fiscalía cree y mantiene a juicio público que se han investigado plenamente los hechos, esto al haber pasado 16 años de impunidad con serias fallas en la investigación.
El Estado afirma que sus agentes no participaron de los hechos, cuando existen pruebas que señalan la responsabilidad de agentes Estatales en el secuestro, tortura y violencia sexual contra la periodista.
La veracidad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición son derechos interdependientes que han de estar muy bien estructurados cuando quieren ser reconocidos y garantizados por las autoridades.
Entregar un monto de indemnización y desconocer la verdad de los hechos y la responsabilidad del Estado en ellos, no solo no aporta a la justicia, sino que afecta y vacía a las reparaciones del valor re-dignificante para las víctimas.
