El exdiputado del Valle del Cauca, Sigifredo López Tobón, le ganó una demanda al Gobierno por los perjuicios materiales y morales causados por la privación injusta de su libertad durante tres meses, al señalarlo del secuestro de sus compañeros.
De esta forma, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Fiscalía General, en representación de la Nación, a pagar una millonaria indemnización al exdiputado y su familia por los "perjuicios causados con ocasión de la privación de la libertad sufrida por Sigifredo López producto de la investigación seguida por los delitos de homicidio, perfidia, toma de rehenes y rebelión".
Por ello, la Sala ordenó el pago de 606 salarios mínimos legales vigentes, es decir 550 millones de pesos, al demandante y su núcleo familiar (madre, esposa, dos hijos, hijo de crianza, tres tíos, cuatro tías, suegra, dos cuñados, una cuñada y un dependiente) por prejuicios morales. La cifra será distribuida así: $97 millones que corresponden a perjuicios morales, $14 millones de lucro cesante y $420 millones en salarios mínimos para él y su familia.
[single-related post_id="712569"]
De igual forma, la Sala Penal ordenó a la Fiscalía, como mecanismo de reparación integral, a establecer un link en su página web con un encabezado en que reconozca públicamente su responsabilidad en el caso y en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia.
El fallo también hace un llamado al ente de control a evitar estos errores en el futuro, "debe ser muy cuidadosa en la vinculación de personas a investigaciones penales y medidas privativas de libertad pues según la magnitud de los delitos y la publicidad que se realice de los hechos investigados pueden afectar derechos como el bien nombre y la honra, y por ende afectar el patrimonio económico".
Los costos de la demanda los asume la Fiscalía en su totalidad, además del pago de 5 millones adicionales por los costos jurídicos.Además, la decisión exoneró del pago económico al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional, puesto que consideró que el error es de la Fiscalía al tomar como prueba concluyente un elemento que era orientativo.
