América Latina comenzó a tomar conciencia de que sus ambientalistas están siendo asesinados y firmará en septiembre el primer tratado del mundo para proteger a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
"Es un acuerdo visionario y sin precedentes, alcanzado por y para América Latina y el Caribe (…) incluye la primera disposición vinculante del mundo sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, en una región en la que, lamentablemente, se enfrentan con demasiada frecuencia a agresiones e intimidaciones", escribió la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, en el prefacio del acuerdo.
América Latina sigue siendo el lugar más peligroso del mundo para los líderes sociales que defienden el ambiente.
En Colombia un activista es asesinado cada dos días, mientras que la Amazonía brasileña es la región donde se comete el mayor número de homicidios de este tipo por año.
Este problema está siendo dimensionado lentamente por los gobiernos, gracias al trabajo de las organizaciones sociales para hacer evidente que no se trata de asesinatos aislados.
Esto llevó a que el pasado 4 de marzo, 24 países firmaran el primer tratado regional jurídicamente vinculante que impone a los gobiernos obligaciones específicas para proteger a los defensores de derechos humanos medioambientales.
El martes, Día Mundial del Medio Ambiente, las organizaciones Amnistía Internacional, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Earth Rights International organizan en la capital estadounidense un debate sobre el tratado y las distintas formas de apoyar el trabajo de los defensores del ambiente.
Brasil y Colombia son los dos países en los que dedicarse al activismo ambiental implica estar más cerca de la muerte, seguidos por México, Perú y Honduras.
"La falta de justicia en este caso (el asesinato en 2016 de Berta Cáceres) continúa enviando un mensaje desalentador que los y las defensoras de los derechos humanos pueden ser asesinados y que no habrá consecuencias", dijo Amnistía Internacional el viernes en una carta abierta a dirigida a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Según una investigación publicada en febrero de 2018 por Global Witness en alianza con el diario británico The Guardian, durante 2017 América Latina mantuvo el primer lugar en el ranking de asesinatos de personas defensoras de la tierra y el ambiente.
El estudio muestra que la agroindustria es el negocio con el que más se relaciona el asesinato de activistas, superando incluso a la minería, y juntas representan el 60 por ciento de los ámbitos relacionados con estos asesinatos.
COLOMBIA, LA PAZ Y LOS ACTIVISTAS
En Colombia, cada dos días es asesinado un líder social, indígena o ambiental: en 2017 fueron 173 activistas asesinados y en lo que va de 2018 la cifra ya supera los 29.
Según el reporte Defender la Tierra, de Global Witness, en 2016 fueron asesinados en Colombia 37 ambientalistas, lo que ubica al país como el segundo peor en Latinoamérica para ejercer la defensa del ambiente, detrás de Brasil.
Los asesinatos llegaron a un máximo histórico tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la ahora desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Esto se debe a que las áreas que antes estaban bajo control de la FARC, ahora son observadas con codicia por compañías extractivas y grupos paramilitares, mientras que las comunidades desplazadas que regresan son atacadas por recuperar tierras que les fueron robadas durante medio siglo de conflicto.
Uno de los hechos de violencia más recientes ocurrió el 2 de febrero en una zona limítrofe entre los departamento de Risaralda y Chocó, donde fue asesinada la dirigente afrodescendiente Yolanda Maturana por varios hombres encapuchados que irrumpieron en su casa.
Maturana jugaba un papel importante en la defensa de su territorio frente a la amenaza de la pérdida de biodiversidad y, según las investigaciones, habría sido asesinada para que no revelara el nombre del responsable de un homicidio cometido en la zona.
En mayo de este año fueron asesinados Luis Alberto Torres y George Pérez, quienes se dedicaban a la extracción de oro del río Cauca de manera artesanal y estaban en contra de la construcción de la polémica represa Hidroituango, en el centro-norte del país.
Con información de Sputnik
