La agencia internacional Oxfam presentó el informe 'Divide y Comprarás' sobre acumulación de tierras por parte de la multinacional Carguill, que al parecer compró más de 52 mil hectáreas de baldíos especialmente en el departamento del Vichada, por medio de 36 Sociedades por Acciones Simplificadas, SAS, que al parecer fueron conformadas solo con el fin de comprar predios que no superaran una Unidad Agrícola Familiar, UAF, que es el límite permitido por la ley.
Las SAS con las que se adquirieron los predios, comparten un mismo domicilio, un mismo miembro de la junta directiva, la misma representación legal y revisoría fiscal y una misma actividad económica que es el cultivo de cereales, legumbres y semillas oleaginosas.
Del total de los 39 predios donde se encuentran las tierras, diez, que suman más de doce mil hectáreas, fueron adjudicados por el Estado como baldíos a familias campesinas bajo la Ley 160 de 1994, mientras que los otros 29 predios fueron adjudicados bajo normativas anteriores a dicha reforma agraria.
Cargill de esta manera estaría concentrado una superficie superior al límite máximo de baldíos permitido, en lo que ha invertido mas de 73 mil millones de pesos en las compras. En promedio, el precio por hectárea se había multiplicado por 33 comparado con el precio promedio antes de 2006. Esta alza de precios dificultaría el futuro acceso para familias campesinas a tierras en la zona.
Durante la presentación del informe, Carlos Salgado, director de Planeta Paz, precisó que el índice de concentración es del 0.87%, poniendo al país en el número once de la lista de países con contracción en el mundo, y el segundo en América Latina. Lo que indica que el 62% de la tierra, unas 48 millones de hectáreas, están en propiedad del 0.4% de la población.
Salgado aseguró que esto se debe a una "total y absoluta falta de control del Estado", ya que "no tiene la capacidad de controlar bien por acción, omisión o complicidad la conformación de esta estructura productiva", que es permitida también por una "sobre-representación de los terratenientes en el Congreso de la República". Además aseguró que esto impide la tramitación de leyes más progresivas, así como el efectivo control por parte de las entidades del Estado.
Oxfam, como conclusión de este estudio, aseguró que la forma de que la inversión en el sector agropecuario beneficie a las familias campesinas, debe fortalecer su acceso a la tierra y demás medios para producir, y evitar la concentración.
Así mismo que es imprescindible que el Estados regule las inversiones e involucre todos los sectores sociales, sobre todo los más afectados, en la construcción de políticas adecuadas para ese fin. Concluyeron que con un desarrollo rural influyente, se podría avanzar en la erradicación de la pobreza, si se tiene como fundamento el acceso equitativo de la propiedad.
