La tarde del viernes fue agitada en el caso que atiende a la destitución del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, por parte de la Procuraduría General de la Nación. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la tutela impuesta por el alcalde al declararla improcedente. Esta tutela pretendía tumbar el primer fallo dictado por el procurador Alejandro Ordoñez en el que destituía del cargo a Petro y lo inhabilitaba por 15 años como funcionario público.
Por su parte, la sala del magistrado José María Armenta quien durante la semana impuso una tutela de suspensión del fallo decisivo efectuado por Ordoñez a inicio de la misma, rechazó la solicitud de aclaración que pidió el demandante José Gotardo Pérez, a su vez contratista del Distrito, por las declaraciones de Ordoñez en las últimas horas.
Las razones por la que el despacho del magistrado no procedió con lo requerido es que las “providencia no es imprecisa”, es decir “se refiere a los efectos jurídicos de la decisión que cuentan desde la notificación efectiva”, lo que significaría que la notificación para con el alcalde Gustavo Petro sigue en pie.
