El Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, ordenó a las autoridades ambientales de la isla integrar medidas de protección al parque Johnny Cay, que en los últimos años se ha visto afectado por el alto flujo de turistas nacionales y extranjeros generando un impacto ambiental significativo.
A través de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación aseguró que la decisión del tribunal está amparada en los derechos colectivos al goce de un medio ambiente sano y la existencia de un equilibrio ecológico en la región.
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"La Procuraduría sustentó esta petición en la presencia masiva y desmedida de visitantes, situación que se agrava por la falta de redes de acueducto, alcantarillado, saneamiento básico, la inexistente prestación de servicios públicos y el inadecuado manejo sanitario. El Tribunal de San Andrés también impuso la realización de capacitaciones a los operadores logísticos para el cambio gradual de materiales desechables como plásticos e icopor por biodegradables, y la elaboración de un video para ser presentado a los visitantes con los mínimos cuidados ambientales que deben tener por tratarse de un área protegida", afirmó el ente de control.
Entre las medidas se encuentran la prohibición trimestral en el ingreso de turistas por tres días para la ejecución de un proceso de mantenimiento de la infraestructura del parque.
Asimismo, en la página web de la autoridad ambiental deberán actualizar en el término de 15 días la descripción geográfica del Johnny Cay Regional Park, el horario de atención, los servicios que ofrecen, las recomendaciones especiales, en aras de fomentar actitudes ambientales de protección en los visitantes.
Finalmente, el Tribunal ordenó la conformación de un Comité de Verificación con representantes de la Procuraduría General en calidad de accionante, de la Corporación Ambiental Coralina, del departamento, de la Dirección General Marítima (Dimar), de la Policía Nacional y del Ministerio Público.
