En la Mesa por la Protección de la Vida, convocada por la Procuraduría General de la Nación, en Apartadó, Antioquia, se expidió la declaración que busca construir un ejercicio de confianza en el que prevalezca el diálogo social como mecanismo de fortalecimiento de la democracia, en pro de la garantía de los derechos fundamentales y la resolución pacífica de conflictos.
Con el fin de enfrentar la situación de estigmatización, persecución y asesinato de líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, el Gobierno Nacional, los organismos de control y las organizaciones sociales firmaron el documento que constituye la ruta de acción inmediata a dicha problemática y que además busca recomponer la confianza y judicializar a los responsables materiales e intelectuales del fenómeno criminal.
Entre los compromisos mencionados en el Pacto se integra el diseño participativo de una política de prevención y protección integral guiada por el Ministerio del Interior, además, el cumplimiento de los compromisos que abarcan la lucha contra la impunidad, justicia, reparación, no repetición y fortalecimiento institucional.
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El Gobierno Nacional, también deberá iniciar la modernización y el fortalecimiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el fin de dar cumplimiento a las múltiples demandas de protección en los territorios para dar respuesta oportuna a los requerimientos de los líderes y la comunidad.
Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación ratificó su compromiso en la lucha contra la impunidad y la promoción de la vigencia de los derechos humanos, el ente reiteró su disposición investigativa, científica, logística y humana para perseguir y juzgar cualquier tipo de violencia que afecte a esta población.
También, quedó plasmado en el acuerdo que continuarán trabajando como prioridad en el esclarecimiento de los crímenes relacionados con los defensores de los derechos humanos.
Así mismo, la Procuraduría General de la Nación declaró que fortalecerá su labor de seguimiento preventivo a las políticas y programas de prevención y protección aumentando su acción en contra de la impunidad.
El organismo de control, avanzará en la implementación de la Directiva 002 de protección de líderes sociales, llevando la Mesa por la Protección a la Vida a los territorios, quien será la veedora de la construcción de la Política Pública Integral de Protección a la Vida.
Finalmente, las organizaciones sociales se comprometieron a participar en procesos pedagógicos y campañas de sensibilización sobre la importancia del papel de los líderes sociales y las personas defensoras de los derechos humanos.
