La salida de Liliana del Carmen Campos Puellos, conocida como 'La Madame', de la cárcel femenina distrital de San Diego, arreglada y junto a un guardia vestido de civil, evidenció profundas deficiencias del sistema penal de la capital de Bolívar.
Esas fueron las explicaciones que entregaron los responsables de la custodia de la mujer, reconocida por ser la mayor proxeneta de La Heróica, quien fue vista el pasado 27 de febrero caminando por la calle sin esposas.
Según las declaraciones que entregó el guardia que acompañó a La Madame durante la caminata, esto se debe a la falta de implementos en el penal. John Pérez dijo en la emisora Blu Radio que el traslado se debió al cumplimiento de una audiencia en el proceso contra Campos.
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"Aquí no tenemos esposas, hay un solo par de esposas y nosotros la utilizamos como candado en las rejas porque tampoco tenemos candado. Hay siete esposas, de las cuales seis están dañadas. Estamos cansados de pedirlas, tanto al director como a la Secretaría del Interior", según consignó ese medio.
El funcionario aseguró que así han tenido que trasladar incluso a reclusos más peligrosos y con un alto riesgo de fuga. Además, tampoco cuentan con un vehículo para el traslado de los presos a las audiencias y por eso, con 'La Madame', tuvo que transportarse en un taxi que pagó la misma condenada.
El director de la cárcel femenina distrital de San Diego, Jaime De Ávila, explicó que esa información no es cierta y que son los guardias quienes deciden si esposan a la persona o no. Así mismo, aseguró que la cárcel de su administración es de baja complejidad y por eso no reviste amplios esquema de seguridad.
De Ávila agregó que de presentarse una fuga, el responsable sería el guardián que conoce de antemano el expediente del recluso para determinar el trato correspondiente, según aclaró en la W radio.
'La Madame' fue enviada a prisión el pasado 2 de agosto y su caso continúa en curso. Está acusada de trata de personas, por la presunta inducción a la prostitución de más de 250 mujeres y la retención de documentos a venezolanas migrantes, por este delito podría pagar hasta 23 años de cárcel.
