A partir de la fecha, los entes territoriales del país; gobernadores, alcaldes y secretarios de salud, atendiendo la inquietud de la Procuraduría, impuesta a través de la Circular No. 002 del 10 de enero, de manera bimestral, deberán reportar informes, con carácter obligatorio, evidenciando las acciones adelantadas, los resultados, las medidas preventivas y correctivas tomadas para afirmar que todos los recursos del Programa de Alimentación Escolar están siendo utilizados de forma beneficiosa.
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Luis Adolfo Diazgranados, procurador delegado, expresó que la razón para tomar esta medida es hacer un seguimiento de este tipo de proyectos y que cuando no sean debidamente entregados a la institución, serán investigados de manera disciplinaria.
A esto, Fernando Carillo, director del Ministerio Público colombiano, sostiene que se garantizará las condiciones óptimas a nivel nutricional y sanitario de los alimentos ofrecidos por el PAE (Programas de Alimentación Escolar), dirigidos a la población vulnerable que atiende las instituciones educativas de Colombia.
Son los departamentos los que deben estar al tanto, coordinando y evaluando las iniciativas de acción pública, mientras que los municipios se encargan de dirigir y controlar la calidad, producción, comercialización y distribución de los alimentos destinados al consumo humano, demostrando así, la vigilancia y el control pertinente de los factores de riesgo para la salud en establecimientos educativos.
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Igualmente, el procurador hace hincapié, en que la obligación de los entes territoriales, es la de reportar ante las autoridades cualquier anomalía o irregularidad en los alimentos o ejecución del contrato que afecte la prestación del servicio.
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De esta manera, la Procuraduría de la nación, trabaja para asegurar la idónea ejecución del servicio, demostrando el derecho a la salud a este tipo de población afectada. Naturalmente, esto habla de la nutrición, erradicando problemáticas de salud pública en las diferentes regiones del país, garantizando el cumplimiento de las obligaciones que competen a los entes territoriales.
