La representante a la Cámara del departamento de Sucre, Milene Jarava, radicó ante el Congreso de la República, un proyecto de Ley que busca modificar el artículo 122 de la Ley 30 de 1992, “Por medio del cual se elimina el cobro correspondiente a matriculas extraordinarias o extemporáneas de las instituciones de educación superior siempre que medie caso fortuito, fuerza mayor o declaración de cambio adverso de las condiciones socioeconómicas del estudiante o su acudiente”.
Según se expresa en el proyecto, el artículo quedaría así:
Artículo 122. Los derechos pecuniarios que por razones académicas pueden exigir las instituciones de Educación Superior, son los siguientes:
- a) Derechos de Inscripción.
- b) Derechos de Matrícula.
- c) Derechos por realización de exámenes de habilitación, supletorios y preparatorios.
- d) Derechos por la realización de cursos especiales y de educación permanente.
- e) Derechos de Grado.
- f) Derechos de expedición de certificados y constancias.
El documento se erige como medida para combatir la deserción estudiantil que ha afectado directamente a universidades públicas y privadas.
Jarava expone que, según la Sentencia T-068 de 2012 “El derecho a la educación superior es fundamental y goza de un carácter progresivo. En efecto, su fundamentalidad está dada por su estrecha relación con la dignidad humana, en su connotación de autonomía individual, ya que su práctica conlleva a la elección de un proyecto de vida y la materialización de otros principios y valores propios del ser humano”.
A la luz de la anterior cita jurisprudencial, el presente proyecto de ley es una exigencia hacia el Estado colombiano, en el sentido de adoptar medidas que eviten la deserción de estudiantes del sistema de educación superior, esto es posible luego de identificar la problemática y establecer sus causas.
“Conscientes de la importancia de combatir esta problemática -hasta hace poco visibilizada en nuestro país-, nos permitimos poner en consideración de esta honorable corporación, esta exposición de motivos que busca argumentar la implementación de medidas que alivien en el ámbito socioeconómico al estudiantado universitario, específicamente atacando las adversidades socioeconómicas del estudiante.” afirmó la representante.
Se espera que el proyecto continúe en evaluación para ser considerado en los siguientes debates.
