La Procuraduría sancionó a cinco policías que ocultaron y entorpecieron la investigación sobre el asesinato del grafitero Diego Felipe Becerra el 19 de agosto de 2011 en Bogotá. Los cuestionados por el ente de control serán destituidos e inhabilitados por 12 años.
Entre los implicados están el comandante de la Estación de Policia de Suba, Nelson de Jesús Arévalo Rodríguez, y el comandante del CAI Andes, Rosemberg Madrid Orozco. Según la Procuraduría los uniformados intentaron obstaculizar las tareas del CTI de la Fiscalía en el proceso.
Los dos comandantes habían sido excluidos del proceso en 2016 y se había dicho que no tenían vinculación. La Sala Disciplinaria revisó esa decisión y determinó que Arévalo Rodríguez y Madrid Orozco, sí habían aceptado y colaborado con el ocultamiento de pruebas para encubrir al patrullero Wilmer Alarcón.
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Según alegó la Procuraduria, el mando de estos dos personajes y el tiempo que estuvieron presentes en la zona donde ocurrió el hecho los dejaba en evidencia. No era posible que los subalternos tomaran determinaciones tan trascendentes si ellos no lo sabían e incluso, dice el ente de control, lo ordenaran.
Los otros implicados y sancionados por la Procuraduría son el subintendente Juan Carlos Leal Barrero y los patrulleros Fredy Esneider Navarrete y Nelson Daniel Rodríguez Castillo. Ellos fueron señalados de alterar materialmente la escena, demorar la entrega de esta a la Fiscalía y acordar un pacto de silencio sobre la verdad de los hechos.
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El joven Diego Becerra estaba pintando graffitis en la av. Boyacá con calle 116, norte de Bogotá, cuando los policías llegaron y lo capturaron. Asustado porque lo iban a llevar a la UPJ (Unidad Permanente de Justicia), Diego Felipe intentó correr; entonces el paratullero Wílmer Alarcón le disparó. Después, los implicados en el caso, contrataron un falso testimonio, le pusieron un arma para decir que había agredido a los policías y lo mostraron como un delincuente.
La Produraduria calificó como "gravísima" la actuación de los uniformados por ser intencionada para ocultar un crimen. "Al ser miembros de la Policía Nacional contaban con la preparación de la institución, y conocían que una de sus funciones esenciales es preservar los derechos", determinó la Procuraduría.
