Este martes fue firmada por el presidente Juan Manuel Santos la orden de extradición que pesa sobre el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, implicado en lavado de activos y señalado de hacer parte del 'Cartel de la Toga'.
El mandatario autorizó la extradición del exfiscal, pero con la salvedad de que Moreno debe terminar de dar su testimonio en los procesos que tiene pendientes con la justicia de Colombia y para ello tendría un plazo de cuatro meses durante los cuales permanecerá recluido en la cárcel la Picota de Bogotá. Es decir que su extradición a Estados Unidos se daría a mediados de abril del próximo año.
[single-related post_id="799558"]
Cabe mencionar que la semana pasada el procurador Fernando Carrillo le hizo un llamado el presidente de la República para que permitiera que Moreno entregara los detalles sobre los casos por los que está siendo investigado y que incluyen a parlamentarios y magistrados antes de ser extraditado.
El caso de corrupción en el que esta involucrado el exfiscal es el denominado 'Cartel de la toga', una supuesta red de corrupción dentro del alto tribunal manejada por magistrados y abogados que, a cambio de pagos millonarios, habrían incidido en decisiones judiciales.
Las declaraciones de Moreno han salpicado al magistrado Gustavo Malo y los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, Francisco José Ricaurte y Leonidas Bustos, así como los senadores Musa Besaille y Álvaro Ashton, y el excongresista Julio Manzur.
[single-related post_id="789160"]
Moreno, quien fue capturado el pasado 27 de junio, es requerido por una Corte del Distrito Sur del estado de Florida, Estados Unidos, por el delito de conspiración para lavar activos con el fin de promover el soborno y los escándalos de corrupción en Colombia.Moreno fue detenido por agentes del CTI sindicado de haber recibido una millonaria suma de dinero del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, para desviar la investigación que se adelantaba en contra del mandatario regional por irregularidades en el manejo de las regalías de ese departamento, además del denominado 'cartel de la hemofolia', que dejaron un detrimento en Córdoba por más de 50.000 millones de pesos.
