Avanzan las investigaciones en torno a la existencia de un presunto 'cartel de la seguridad privada' en Colombia, en el cual ocho empresas habrían violado la libre competencia de ese sector.
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Por ello la Fiscalía pretende imputarle cargos el próximo 23 de junio a uno de los principales contratistas. Se trata del empresario Jorge Arturo Moreno Ojeda, llamado 'el zar de la seguridad privada' y quien es indagado porque al parecer participó de la cartelización con el fin de ganar licitaciones.
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Por esa conducta el ente investigador le indilgará el delito de prácticas restrictivas de la competencia, que puede ocasionar entre cuatro y 12 años de cárcel, además de multas e inhabilidades hasta por ocho años para contratar con el Estado.
Pero el empresario siempre se ha defendido y ha negado tales señalamientos, y en cambio ha dicho que estos se deben debatir ante un juez.
Por su parte, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, denunció recientemente que existiría un "mico" en el Congreso para acabar las investigaciones con este tipo de empresas, en el marco de la discusión de una ley que busca regular el sector de la seguridad y la vigilancia en el país.
Las indagaciones en torno a este tema iniciaron con la formulación de pliego de cargos contra las compañías Gaurdianes, Starcoop, Cobasec, Centinel, Expertos, Insevig, Sejarpi, Security Management Group, “ante la presunta cartelización empresarial en 252 procesos de contratación pública, adelantados ante 149 entidades estatales en todo el territorio nacional durante los años 2010, 2011 y 2012", de acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio.
Robledo ha emprendido una batalla contra la cartelización empresarial. En los últimos meses se han conocido varias decisiones respecto a este delito. La más reciente el pasado 26 de mayo, cuando cuatro empresas fueron multadas por más de $185.000 millones por 'el cartel del papel higiénico', en el que se acordaron los precios de ese y otros productos.
