Las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara aprobaron el proyecto de ley presentado por la Procuraduría, en cabeza de Margarita Cabello, que modifica el Código General Disciplinario.
Esta iniciativa avanzó en su trámite en medio de una gran controversia entre los congresistas por los "superpoderes" que se le darían a este ente de control.
La procuradora Margarita Cabello señaló, tras la aprobación del proyecto, que esta reforma al Código General Disciplinario "aumenta las garantías que deben tener los funcionarios de elección popular al momento de ser juzgados".
Reiteró que, con esto, se respondería a la exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la que se condenó al Estado colombiano por la sanción de destitución e inhabilidad impuesta al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
"De esta manera, todas las faltas que cometan los funcionarios de elección popular serán investigadas, juzgadas y sancionadas. Hoy tenemos alrededor de 12 mil funcionarios públicos de elección popular que son objeto de investigación o sujetos disciplinables, que desde hace un año no han podido ser investigados, no han podido ser sancionados, y esto es impunidad”, señaló la procuradora.
Cabello mencionó que el proyecto, en consecuencia, "permitirá contar con actuaciones disciplinarias garantistas, efectivas y contundentes para un adecuado respeto del debido proceso".
La aprobación del proyecto que modifica el Código General Disciplinario no cayó bien en los sectores de oposición al Gobierno Nacional.
Por ejemplo, la senadora Angélica Lozano señaló que el proyecto incumple la Sentencia de la Corte IDH (Caso Petro vs. Colombia) y desconoce su jurisprudencia en el caso Leopoldo López vs. Venezuela, donde "quedó claro que autoridades administrativas no pueden destituir/inhabilitar electos popularmente".
"A los electos popularmente solo los puede destituir/inhabilitar un juez competente, por condena en procedimiento penal. La Procuraduría, incluso con facultades jurisdiccionales, no es juez ni parece juez, y mucho menos brinda las garantías del derecho penal (...) La Procuraduría no es juez propicio para estos funcionarios, ni cumple con autonomía, independencia e imparcialidad; existe dependencia del Procurador. Tampoco se brindan garantías penales como tipicidad, antijuridicidad material o estándar de más allá de toda duda razonable", cuestionó.
El senador Gustavo Petro, por su parte, advirtió que denunciará ante la Corte Suprema de Justicia a quienes hayan votado a favor de esta iniciativa, pues, para él, incurren en un desacato de lo establecido por la Corte IDH.
