La Procuraduría General de la Nación anunció varias investigaciones en contra de congresistas de la oposición por hechos relacionados con el Paro Nacional. La noticia cayó como un baldado de agua fría en ese sector político porque se dieron a conocer previo a la discusión del proyecto de ley 423, el cual otorga mayores facultades sancionatorias al ente de control.
El proyecto en mención pretende reformar el Código General Disciplinario, para fortalecer las garantías en los expedientes disciplinarios, especialmente contra los servidores públicos de elección popular. Es decir, busca que a la procuradora Margarita Cabello se le atribuyan más poderes para sancionar excepcionalmente a servidores públicos cuyas faltas impliquen sanciones como destitución o inhabilidad.
La iniciativa legislativa fue presenta luego de que la Procuraduría acogiera lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 8 de julio de 2020, en la que condenó al Estado colombiano por la sanción de destitución e inhabilidad impuesta al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Se concentra en tres puntos; facultades jurisdiccionales, para que le sean ampliadas las funciones jurisdiccionales únicamente en lo relacionado con el área misional disciplinaria, lo que permitirá actuar como juez en los casos que impliquen sanciones como destitución o inhabilidad; división en las fases investigativas, quiere garantizar que las etapas de investigación y juzgamiento dentro del proceso, sean atendida por diferentes funcionarios y doble instancia, ya que plantea la creación de la sala de juzgamiento a fin de garantizar en todos los procesos, la doble instancia, y la configuración adecuada de los principios y las categorías disciplinarias, entre otros.
La discusión del proyecto inició el pasado martes 1 de junio con un trago amargo para los sectores de oposición, puesto que, varios congresistas tuvieron que declararse impedidos al conocerse que existen investigaciones de la Procuraduría en su contra.
"Fui notificado del inicio de una investigación disciplinaria firmada por la procuradora, hecho que me parece muy grave. En una jugadita perversa tuve que presentar un impedimento atendiendo esa investigación y las mayorías de la Comisión Primera aprobaron el impedimento, sacándome, como presidente del Polo y una de las figuras de la oposición, sacándome sin la más mínima contemplación", expresó el senador Alexander López por la investigación por su presunta intervención en un procedimiento policial, en las protestas de Cali.
De igual forma, la Procuraduría abrió una indagación preliminar contra los congresistas María José Pizarro, Inti Asprilla y Angela María Robledo. Las indagaciones son sustentadas de una queja disciplinaria interpuesta por una veedora ciudadana que pidió que se establezcan acciones pertinentes sobre el trato de los congresistas a uniformados de la Policía en medio del debate de moción de censura al ministro de Defensa, Diego Molano.
Así mismo, se abrió una investigación disciplinaria en contra del senador Wilson Arias porque, presuntamente, intervino en un procedimiento policial el pasado 30 abril en Cali, Valle del Cauca. El proceso disciplinario en contra del congresista del partido Polo Democrático se inició, según el ente de control, por quejas ciudadanas.
"No es normal que ayer, usted (procuradora Margarita Cabello), con su firma le haya abierto una investigación al senador de la oposición Alexander López. No es normal, que con fecha del 31 de mayo de apertura directa de un proceso de investigación. Tampoco es normal que a los compañeros de la Cámara se les haya abierto una preliminar. Da miedo en nuestro sistema político que lleguemos a discutir un proyecto de este alcance así", señaló la senadora Angélica Lozano en el primer debate del proyecto de reforma al Código Disciplinario.
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A propósito de la discusión, la senadora Lozano presentó ponencia negativa al proyecto. Argumentó que incumple el mandato de la Corte Interamericana sobre la facultad de suspender y destituir a servidores de elección popular. Según la senadora de la Alianza Verde, se presenta un incumplimiento de la sentencia de la corte IDH, exceso de facultades jurisdiccionales y requiere trámite de ley estatutaria.
El proyecto también ha sido cuestionado porque propone una ampliación de la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación, sí, en medio de una grave crisis económica en la que el Gobierno Nacional y varios sectores políticos piden reducción de burocracia.
Esta reforma al Código General Disciplinario propone duplicar los funcionarios de las Procuradurías Regionales en el país (cerca de 500 nuevos funcionarios). Lo anterior, fundamentado en que como se busca dividir las facultades jurisdiccionales para garantizar la doble instancia y la doble conformidad, se tendría que contar con dos procuradores por proceso: uno para instruir y otro para juzgar.
En ese sentido, la Procuraduría tendría que contratar a más personal y posiblemente ampliar sus instalaciones para recibir a sus funcionarios. Lo que traduce a aumentar el costo de la entidad para el Estado.
"No estamos de acuerdo en ampliar la planta de personal de la Procuraduría General. El pueblo colombiano nos está exigiendo austeridad y menos Estado. Por esta razón hemos presentado dos proposiciones en el Proyecto de Ley que actualiza el Código Único Disciplinario", indicó el representante del Centro Democrático, Gabriel Vallejo.
Las proposiciones eliminatorias son para los artículos 53 y 54, los cuales establecen que "por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley, para ampliar la planta de personal, definir los términos y formas de elección de las salas disciplinarias que se deben conformar (...) así come para realizar las modificaciones-presupuestales-necesarias pera financiar los gastos de funcionamiento e inversión".
