En la Cámara de Representante fue radicado el proyecto de ley "Colombia Sin Biopolímeros", cuyo objetivo principal es incluir la extracción de biopolímeros en el Plan Obligatorio de Salud (POS), para restablecer el derecho a la salud de las víctimas.
La iniciativa es de autoría del representante José Daniel López, escrita en equipo con el concejal de Bogotá Rolando González, la modelo Elizabeth Loaiza y el cirujano Carlos Ríos.
"El retiro de biopolímeros no se puede seguir considerando como un procedimiento quirúrgico con fines estéticos. La permanencia de esas sustancias en el cuerpo afecta la capacidad funcional y vital de las personas. Al estar en riesgo la vida, el retiro del biopolímero es un procedimiento que se debe garantizar por el Sistema Nacional de Salud. Como lo indica el artículo 15 de la Ley 1751 de 2015", afirmó el representante López.
De igual forma, señaló que es urgente dar este paso ya que, en la mayoría de los casos, las víctimas no cuentan con los recursos para costear la cirugía y están prácticamente condenadas a morir o a vivir de una manera limitada y dolorosa.
Otro de los objetivos del proyecto es tipificar la aplicación de biopolímeros como un delito en el Código Penal. El castigo implicaría de 20 a 110 meses de prisión, el pago de 100 a 200 SMLV y agravantes en la pena si es un médico el que comente el delito. Hoy en día, esta práctica se judicializa como "lesiones personales".
"Cada año en Colombia se realizan más de 400 mil procedimientos estéticos, de los cuales 130 mil son tratamientos inyectables. Esto quiere decir que el riesgo de que las personas sean engañadas es muy alto y pueden terminar con Biopolímeros en sus cuerpos. Según estudios, la mayoría de víctimas (95%) son mujeres, 7 de cada 10 desconocen la sustancia que le inyectaron o manifiestan que se trataba de biopolímeros", afirmó Rolando González.
Adicionalmente, el proyecto propone una serie de medidas de carácter preventivo y pedagógico:
1. Campañas de sensibilización en medios masivos de comunicación y en redes sociales.
2. Publicidad sobre las instituciones y los profesionales habilitados para la realización de procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos.
3. Facultar a las autoridades para que puedan inspeccionar sin previo aviso a los establecimientos que ofrecen procedimientos médicos-estéticos y, si es el caso, clausurarlos si no cuentan con los permisos necesarios.
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Elizabeth Loaiza y Carlos Ríos, reconocidos activistas que participaron en la redacción del proyecto. Ambos, desde sus roles y experiencia directa con los biopolímeros, han aunado esfuerzos para dar eco a las voces de cientos de personas afectadas que reclaman atención y ayuda para recuperar su vida.
"Precisamente en este momento me estoy recuperando de mi segunda cirugía de extracción de biopolímeros. Ha sido un proceso largo en el que tuve la fortuna de cruzarme con el Doctor Carlos Ríos, a quien agradezco mi recuperación y con quien comparto hoy la determinación de llegar con este mensaje a todos los rincones del país: #NiUnaMásConBiopolímeros", dijo Loaiza.
La también modelo y actriz agregó que: "Hemos conocido tantas mujeres que sufren con sus cuerpos desfigurados, que no pudieron volver a trabajar o a cuidar de sus familias; que batallan todo el tiempo con la muerte, porque están en riesgo funciones vitales de su organismo o porque piensan en el suicidio como la única salida. De hecho, hay algunas que ya no están, que se fueron esperando una cirugía o que simplemente un día escucharon “no hay nada más que se pueda hacer”. Por ellas es que vale la pena todo esto que estamos haciendo, ¡de las redes sociales hoy pasamos al Congreso!".
Cabe señalar que, la Representante por el Partido de la U, Norma Hurtado, acompañó al representante José Daniel López en la radicación de esta nueva iniciativa, puesto que ella ha liderado proyectos que buscan prohibir y sancionar a quienes apliquen estas sustancias.
De hecho, recientemente radicó una iniciativa que busca sancionar con cárcel a quienes apliquen sustancias modelantes ilegales. Según se lee en el texto del proyecto, se impondrá extinción de dominio al inmueble o establecimiento de comercio, donde se apliquen dichas sustancias, y la venta del inmueble, será destinada a indemnizar a las víctimas.
Este proyecto establecería medidas penales que se aumentarán al doble de la pena por homicidio y lesiones personales, también la prescripción de la pena no correrá mientras persistan las secuelas nocivas para la salud de la víctima. Además, indica que las entidades departamentales y distritales de salud, serán las responsables de verificar el cumplimiento de las condiciones exigibles a los Prestadores de Servicios de Salud en lo relativo a las condiciones de capacidad técnico-administrativa.
