Crece la incertidumbre en el Centro Democrático por la curul en la Cámara de Representantes a la que renunció Edwin Ballesteros por la investigación que adelantaba la Corte Suprema de Justicia en su contra por presuntos actos de corrupción cuando fue gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander.
La plaza en el Legislativo aún no ha sido reemplazada por el uribismo porque existen varias dudas jurídicas sobre si en este caso, por tratarse de posible corrupción, se debe aplicar la figura de la 'silla vacía'.
De acuerdo con el artículo 134 de la Constitución, "en ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico; dolosos contra la administración pública; contra los mecanismos de participación democrática" y tampoco podrán reemplazarse las faltas temporales "de aquellos contra quienes se profiera orden de captura dentro de los respectivos procesos por esta clase de faltas".
Por esta razón, desde la Cámara de Representantes se solicitó un concepto a la Fiscalía General de la Nación sobre la condición judicial del excongresista para determinar si se puede reemplazar o no la curul. Sin embargo, la entidad no ha dado respuesta alguna y el Centro Democrático sigue sin recuperar ese puesto.
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En caso de que sea posible ocupar la curul, Liliana de Cote es la siguiente en la lista de candidatos del Centro Democrático y llegaría a reemplazar a Ballesteros. Es viuda del exalcalde de Barrancabermeja Edgard Cote Gravino, profesional en Filosofía y Ciencias Políticas, excandidata a la Alcaldía de Barrancabermeja. En las elecciones al Congreso en 2018, Ballesteros obtuvo 17.599 votos y Botero de Cote, 17.672 votos.
Es de señalar que, la Fiscalía confirmó el pasado 11 de octubre que asumirá el caso del exrepresentante, quien deberá responder por presuntas irregularidades en contrataciones realizadas en Santander entre 2013 y 2016. La Corte Suprema adelantaba la investigación, pero con la renuncia de Ballesteros el alto tribunal perdió su competencia.
La investigación contra Ballesteros se abrió por hechos relacionados con presuntas irregularidades registradas en contratos en la Empresa de Servicios Públicos de Santander S.A. E.S.P –ESANT.
Los delitos que se investigan son: concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho.
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Esta investigación en contra de Ballesteros se desprendió de una compulsa de copias que hizo el 25 de septiembre de 2019 la Fiscalía General a la Corte Suprema por el proceso que se adelanta contra el exsenador Richard Aguilar, quien está detenido por el presunto entramado de corrupción en Santander.
De acuerdo con la Corte, cuatro contratos firmados por el exsenador Aguilar entre 2014 y 2015 tienen irregularidades y las investigaciones apuntan a "hechos que también lo involucran con una posible concertación para delinquir y en los cuales al parecer abusó del poder que ostentaba y vulneró los principios de economía, planeación, transparencia y selección objetiva, fruto de lo cual se habría apropiado -para sí y para otros- de dineros públicos".
En el caso de Ballesteros, se investigan presuntos vicios en la firma de varios contratos, entre ellos, uno por $4.346 millones para construir el acueducto en el municipio de Landázuri, obra que aún no se ha terminado.
Los testimonios de Lenin Pardo y Claudia Toledo -testigos clave del caso- apuntan a que Ballesteros habría solicitado una millonaria 'coima' por la adjudicación del contrato para construir dicho acueducto.
