Con una votación mayoritaria en la Cámara de Representantes, el Congreso de la República aprobó la creación de la Comisión Legal para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, una iniciativa que llevaba más de 16 años en discusión sin lograr avanzar. La aprobación de este proyecto representa un hito institucional y una respuesta concreta a una deuda histórica del país con sus niños, niñas y adolescentes.
El Proyecto de Ley 374 de 2023, que da origen a esta nueva Comisión Legal de carácter permanente y bicameral, fue respaldado por más de 110 votos en la plenaria de la Cámara. La iniciativa había sido presentada por primera vez en 2013, pero fue archivada en distintas legislaturas debido a la falta de voluntad política y a la ausencia de debate en las comisiones correspondientes. Proyectos similares se hundieron en los años 2013, 2016, 2018, 2021 y 2022.
Esta vez, el impulso decisivo vino de la representante Érika Tatiana Sánchez, actual presidenta de la Comisión Accidental de Infancia, quien lideró el proyecto en articulación con más de 52 organizaciones de la sociedad civil. En declaraciones tras la aprobación, la congresista subrayó la importancia del avance: “Este no es un triunfo personal, es un paso civilizatorio para Colombia. No podíamos seguir hablando de protección a la niñez sin contar con una comisión permanente que haga control político y legisle con enfoque de derechos para nuestros niños”, expresó Sánchez.
Una comisión con respaldo nacional e internacional
La creación de esta Comisión Legal había sido recomendada por el Comité de Derechos del Niño de la ONU en sus observaciones finales a Colombia en 2015 y 2023. En ambos documentos, el Comité llamó la atención sobre la necesidad de fortalecer la arquitectura institucional del país para garantizar de manera efectiva los derechos de la infancia.
El objetivo central de esta nueva instancia legislativa será coordinar y promover acciones legislativas, de control político y de articulación interinstitucional orientadas a la garantía integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Su carácter bicameral y permanente permitirá que Senado y Cámara trabajen de manera conjunta y sostenida, algo que no ocurría con las comisiones accidentales que se conformaban por periodos limitados o de forma temporal.
Funciones clave
De acuerdo con el proyecto aprobado, la Comisión Legal de Infancia y Adolescencia tendrá varias funciones estratégicas. Entre ellas se destacan:
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Ejercer control político sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
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Impulsar leyes y reformas que promuevan entornos seguros y protectores para los menores.
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Establecer un canal de diálogo permanente con organizaciones de la sociedad civil, la academia y entidades defensoras de derechos de la niñez.
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Convocar a debates de control e información con entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y otros actores relevantes.
Estas funciones buscan cerrar las brechas estructurales en la atención y protección de la infancia en el país, en un contexto donde los casos de abuso sexual, negligencia institucional y vulneración de derechos siguen siendo una constante.
Un avance en un momento crítico
La aprobación de esta Comisión llega en un momento que muchos califican como crítico para la niñez colombiana. Casos recientes de violencia contra menores, así como fallas en la respuesta institucional, han generado preocupación en amplios sectores de la opinión pública y entre organizaciones especializadas en derechos humanos.
De ahí que la creación de un mecanismo legislativo específico y permanente sea visto como una herramienta clave para pasar del discurso a la acción. La articulación con la sociedad civil y el seguimiento legislativo continuo podrían representar un cambio en la forma como el Estado responde a las necesidades de esta población vulnerable.
El respaldo de más de un centenar de representantes y el trabajo conjunto con más de 50 organizaciones sociales reflejan un consenso amplio en torno a la urgencia de fortalecer la protección integral de la infancia. Sin embargo, expertos advierten que el éxito de esta Comisión dependerá en gran medida del presupuesto, la continuidad política y la voluntad real de ejecutar los mecanismos de control y seguimiento que se plantean.
Por ahora, la Comisión Legal de Infancia y Adolescencia representa una nueva etapa en la legislación colombiana. Un paso institucional que, aunque tardío, podría marcar el inicio de una transformación estructural en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país.
