La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) recibió una carta de apoyo firmada por más de 100 familias, organizaciones, resguardos, cabildos y grupos de víctimas del conflicto armado colombiano con el fin de manifestar su deseo de que los 300 paramilitares, militares, 'narcos' y guerrilleros que piden entrar al sistema de justicia transicional, sean recibidos.
La misiva que va dirigida a la directora de la JEP Patricia Linares, al presidente de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad a Francisco De Roux S.J. y a la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas Luz Marina Monzón, empieza con el respaldo de estas organizaciones defensoras de derechos humanos al Sistema Integral de Verdad, Justicia Garantías de no Repetición, que según ellos ha sido "sometido a una serie de ataques".
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Continúan afirmando que leyeron atentamente la carta que enviaron a la JEP estas 300 personas detenidas en diversas cárceles del país y basados en este mensaje han decidido escribirle a esta jurisprudencia de paz "superando muchos obstáculos y temores".
"Consideramos que la Carta de este Comité es un primer paso que expresa disposición y voluntad hacia la paz basada en las verdades relacionadas con el conflicto armado que hemos padecido, y que se continúa prolongando. Tal voluntad debe ser valorada a profundidad en cada caso de los más de sus 300 firmantes", declaran la víctimas.
Asimismo manifiestan que todas esas verdades deben responder a los por qué y "deben dar cuenta de las razones de la vinculación de los diferentes actores a los fenómenos de violencia, y las razones de la degradación del conflicto".
Familias, organizaciones, movimientos, cabildos declaran su apoyo a recibir a dichos presos porque consideran que "lo que se expresa en esta Carta, al ir acompañado de gestos concretos, nos dará confianza y credibilidad, y será una demostración de que se trata de verdades sinceras que contribuirán a la no repetición y a la profundización de la democracia".
Creen que la decisión tomada por cada uno de los detenidos debió haber sido consciente. "Decir la verdad supone riesgos a la vida y a la integridad para ellos, sus familias, sus testigos y para las mismas pruebas, por lo que habría que valorar las garantías de seguridad", se lee en la misiva.
Las víctimas concluyen afirmando que: "Nosotros creemos que la cárcel está lejos de restituir los derechos de las víctimas y garantizar la verdad. Los responsables vencidos en juicio amparan en los sitios de reclusión su silencio, sus mentiras o verdades a medias, y guardan para sí mismos, la identidad de otros responsables. Creemos en la verdad como punto de partida del derecho restaurador y de la democracia que nos merecemos los colombianos, más que en la cárcel".
