El 'mico' del proyecto de ley anticorrupción sigue en el centro del debate público, pues sumado a su controvertido alcance se empiezan a conocer los autores de esta propuesta. El artículo 68 de la iniciativa ha sido calificado como una mordaza a la prensa para que no pueda denunciar a servidores públicos, pues en términos generales, tiene consecuencias antidemocráticas, limita la libertad de expresión y llega a ser contrario al fin principal del proyecto.
Lo primero por señalar es que la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, en último debate, el proyecto impulsado por el Gobierno, y pese a que las mayorías eliminaron gran parte de los planteamientos del polémico artículo, como la prisión y altas las sumas de dinero a quienes incurrieran en injuria y calumnia contra funcionarios y exfuncionarios públicos, sí se aprobó un nuevo artículo que ha sido duramente criticado, el cual quedó así:
"Cuando profiera injuria y calumnia en contra de un servidor público o ex servidor público, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria y la utilice para cometer el delito, el juez de control y garantías o el juez de conocimiento, según el caso, previa solicitud del fiscal o la víctima, ordenará a la autoridad competente que, previo cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece, en los mismos términos del artículo 91 de la ley 906 de 2004".
En términos generales la iniciativa amenaza la capacidad de ciudadanos y medios de comunicación para presentar denuncias sobre el accionar de funcionarios y exfuncionarios públicos. Además, como lo señaló la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), no se entienden los motivos de la "creación de un régimen especial o privilegiado", cuando el Código Penal ya contempla sanciones pecuniarias y carcelarias para los delitos de injuria y calumnia (sin distinción alguna entre los ciudadanos).
El representante a la Cámara César Lorduy, de Cambio Radical, fue el ponente de la iniciativa en esta corporación. Sin embargo, no es el único que metió sus manos para que se aprobara el artículo anteriormente referenciado, ya que inicialmente fue la plenaria del Senado la que aprobó tal planteamiento, claro está, en esa corporación además de la cancelación de la personería jurídica se incluían penas y multas económicas.
Lorduy ha sido señalado porque incluyó ese artículo en la ponencia para el debate en Cámara con el objetivo de que no hubiera necesidad de conciliar el proyecto, sino que se aprobaran los mismos artículos que avaló el Senado. Es decir, consideró que aunque no lo hubiese incluido en su ponencia ya estaba aprobado en el Senado y por eso habría que considerarlo posteriormente, en la conciliación, y para evitar ese trámite lo sumó a su documento.
Ahora, la pregunta que surge es quiénes fueron los firmantes de la proposición en el Senado. Pese a que algunas las firmas son casi ilegibles, se pudo conocer que fueron al menos nueve los congresistas que solicitaron incluir el controvertido artículo en el proyecto, entre ellos, Efraín Cepeda, Mauricio Gómez Amín, Ana María Castañeda, Guillermo García Realpe, Fabián Castillo, Miriam Paredes.
El senador Guillermo García Realpe, uno de los firmantes de la proposición afirmó que la propuesta "no contenía ni las disposiciones, ni el alcance" de lo que fue aprobado en la Cámara, por lo que le solicitó formalmente a los conciliadores excluir completamente este artículo del texto final.
No obstante, basta con ver la imagen anterior para entender que la proposición que él firmó decía: "El que mediante injuria o calumnia pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún servidor público, denunciando hechos falsos sobre él o su familia, incurrirá en prisión de 60 a 120 meses y multa de 13.33 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal", planteamiento aún peor de lo aprobado en Cámara.
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Es importante mencionar que, este jueves podría quedar listo el texto de conciliación del proyecto de ley. El senador Carlos Abraham Jiménez y el representante a la Cámara César Lorduy, ambos del partido Cambio Radical, se reunirían en las próximas horas para concertar el documento final.
Una vez se haga la conciliación del proyecto de ley y se sepa cómo queda el artículo, el texto deberá ser aprobado por las plenarias de Senado y Cámara, lo cual podría tener lugar la próxima semana.
