El proyecto de ley que pretende reformar el Código General Disciplinario avanza en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara. La iniciativa liderada por la Procuraduría General de la Nación ha generado profunda controversia porque le atribuye facultades jurisdiccionales y amplía la planta de personal de esa entidad con hasta 500 nuevos puestos de trabajo.
El proyecto busca fortalecer las garantías en los expedientes disciplinarios, especialmente contra los servidores públicos de elección popular. Es decir, busca que a la Procuraduría se le atribuyan más poderes para sancionar excepcionalmente a servidores públicos cuyas faltas impliquen sanciones como destitución o inhabilidad.
La iniciativa fue presentada luego de que la Procuraduría acogiera lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 8 de julio de 2020, en la que condenó al Estado colombiano por la sanción de destitución e inhabilidad impuesta al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
El articulado está planteado bajo tres puntos principales; facultades jurisdiccionales, para que le sean ampliadas las funciones jurisdiccionales en lo relacionado con el área misional disciplinaria, lo que permitirá actuar como juez en los casos que impliquen sanciones como destitución o inhabilidad; división en las fases investigativas, para garantizar que las etapas de investigación y juzgamiento sean atendidas por diferentes funcionarios y doble instancia, ya que plantea la creación de la sala de juzgamiento a fin de garantizar en todos los procesos, la doble instancia, y la configuración adecuada de los principios y las categorías disciplinarias.
Para cumplir a cabalidad los tres puntos anteriormente mencionados la Procuraduría propone en el artículo 53 que se revista al presidente de "precisas facultades extraordinarias, por el término de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley, para ampliar la planta de personal, definir los términos y formas de elección de las salas disciplinarias que se deben conformar privilegiando el mérito y la paridad de género".
De igual forma solicita que se la atribuyan facultades para realizar las modificaciones presupuestales necesarias para financiar los gastos de funcionamiento e inversión con el fin de garantizar la implementación y aplicación del procedimiento que se crea en el proyecto de reforma.
Esta reforma al Código General Disciplinario propone duplicar los funcionarios de las Procuradurías Regionales en el país. Lo anterior, porque como se busca dividir las facultades jurisdiccionales para garantizar la doble instancia y la doble conformidad, se tendría que contar con dos procuradores por proceso: uno para instruir y otro para juzgar.
En ese sentido, la Procuraduría tendría que contratar más personal -los funcionarios judiciales tendrían sueldos de entre 10 y 30 millones de pesos- y posiblemente ampliar sus instalaciones para recibir a sus nuevos trabajadores. Lo que traduce claramente a aumentar el costo de la entidad para el Estado.
El ente de control cuenta con cerca de 4.137 empleados de planta y un presupuesto de gastos de funcionamiento de $724.000 millones anuales. Cada empleado de planta le cuesta al Estado $175 millones al año. Es decir, al ampliar en 500 los empleados de planta, habría un aumento de $87.000 millones por año.
Para entender la dimensión de esa ampliación, la representante por la Alianza Verde Juanita Goebertus explicó que con esta suma de dinero se podría incluir a 45.600 nuevas familias en el programa social de Ingreso Solidario, el cual finalizará en junio por falta de recursos.
Las críticas a este proyecto no vienen solamente desde la oposición, desde el Centro Democrático se oyen fuertes cuestionamientos al proyecto de la Procuraduría que recibió mensaje de urgencia por parte del Gobierno Nacional.
El representante Gabriel Santos criticó que en medio de una de las crisis económicas y sociales más duras de la historia de Colombia, se impulse un proyecto que quiere ampliar la planta de la Procuraduría cuando lo que se debería buscar es la reducción de los cargos del Estado.
"Decirle hoy las personas que declaran renta, a los empresarios que tienen que pagar toda suerte de impuestos, tasas y contribuciones que su plata se va a ir a un objetivo distinto al gasto social es una muestra de desconexión con este país, que está llevando a que la gente no sólo no confíe en las instituciones sino que esté determinada en destruirlas. Es este tipo de mensajes los que calientan la calle a más no poder y los que hacen que jóvenes desesperados pierdan la credibilidad en el trabajo que estamos haciendo nosotros", dijo el representante del Centro Democrático.
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El senador Fabio Amín, ponente coordinador del proyecto, enfatizó en que la contratación de nuevo personal se hará solo si es estrictamente necesario, ya que la coyuntura actual de la pandemia implica que haya el menor gasto financiero posible en cuanto a la reestructuración de la planta la entidad.
El argumento de la procuradora Margarita Cabello para defender el proyecto es que actualmente hay miles de procesos que no han podido avanzar por falta de personal que los asuma. "Hoy tenemos alrededor de 12 mil funcionarios públicos de elección popular que son objeto de investigación o sujetos disciplinables, que desde hace un año no han podido ser investigados, no han podido ser sancionados, y esto es impunidad", señaló la procuradora general.
A la fecha, se adelantan 12.142 actuaciones disciplinarias contra funcionarios de elección popular, entre ellos: 8.138 alcaldes, 3.108 concejales, 644 gobernadores, 163 diputados, 38 ediles, 30 Representantes a la Cámara y 21 Senadores. Por ello, señaló que es una propuesta que descongestionaría los procesos que pasan por la Procuraduría.
Cabe mencionar que, desde el año 2019, el Gobierno Nacional ha respaldado reformas en la Procuraduría, la Contraloría y la Registraduría para aumentar sus presupuestos y nóminas. Hace un año y medio, apoyó la creación de una reforma constitucional promovida por la Contraloría con la que se duplicó el presupuesto de ese ente de control, para financiar de esa manera la creación de 1.670 nuevos cargos.
En diciembre de 2020 se aprobó una reforma del Código Electoral liderada por la Registraduría Nacional con la que se aumentó el presupuesto de la entidad en un 122% y se destinaron recursos por un billón de pesos para la creación de ese nuevo Código Electoral.
