Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la defensa de Álvaro Uribe presentó medidas cautelares a su favor. El objetivo de la solicitud es que se salvaguarden las garantías judiciales del exmandatario, quien fue llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia por presunto fraude procesal.
Quien radicó las medidas cautelares fue la firma de abogados Victor Mosquera Marín. Principalmente, piden que se obre estrictamente bajo los principios de legalidad y se permita en condiciones de igualdad acceder a la doble instancia, para interrogar testigos, conocer las pruebas oportunamente y garantizar el derecho a la legítima defensa.
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Indican que son: "Vulneraciones que se desprenden de la investigación que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió sin tener competencia para ello", sin tener en cuenta lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 del 18 de enero de 2018.
En las medidas cautelares solicitadas ante el organismo internacional, se contempla que se adopten las medidas necesarias por parte de la Sala Especial de Instrucción de la alta corte que estén encaminadas a reforzar las garantías judiciales mínimas de Álvaro Uribe "buscando evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos".
Asimismo, la defensa pidió a la CIDH informar las acciones adoptadas en la investigación por parte de las autoridades competentes para no caer en la repetición, así como actuar de acuerdo a la preservación del derecho a la defensa y los abogados puedan desarrollar sus actividades sin interrupción.
Finalmente, la firma Victor Mosquera resaltó en la solicitud que dentro de las medidas cautelares se pidió que a juicio de la Comisión se entreguen las demás acciones que consideren pertinentes para proteger los derechos del senador del Centro Democrático, "estableciéndose, además la concertación de las medidas entre el estado y el propuesto beneficiario".
