Horas después de que el presidente Gustavo Petro decretara un ‘Día Cívico de la paz con la naturaleza’ para el 19 de abril, un abogado constitucionalista interpuso una demanda frente al Consejo de Estado.
“No puede implementarse un día festivo de carácter civil (día cívico) o religioso por decreto, pues es de reserva legal. Si se hace, se viola el principio de legalidad”, argumentó Germán Calderón España, abogado encargado de adelantar la demanda.
Además, el mismo España aseguró que la función de decretar un día cívico a nivel nacional recae únicamente en las manos del Congreso de la República, por lo que ni los ministros ni el presidente tendrían la potestad de realizar esta acción.
Este argumento, relató el abogado, estaría estipulado en la ley 51 de 1983, en donde se asegura que un día cívico, con trabajo remunerado, solo puede ser puesto en marcha por la rama legislativa.
A pesar de esto, desde la presidencia se firmó el decreto y varias entidades estatales a lo largo del país acogen la medida. Esto quiere decir que oficinas de pasaportes, varias gobernaciones e instituciones como el SENA no prestarán servicio a la ciudadanía.
Cabe resaltar que la propuesta adelantada por el presidente se da en medio de la amenaza de una crisis de energía que podría enfrentar el país debido a los bajos niveles del agua que se registran en los diferentes embalses.
Lea también: Partido de Fico Gutiérrez se quedaría sin personería jurídica
Con esta medida, se estaría buscando evitar que los niveles de agua a nivel nacional lleguen al 27%, pues según la Creg este sería el punto crítico en donde en materia de la producción de energía hidráulica.
Las reacciones políticas tras el decreto
Una gran parte de los mandatarios locales y gubernamentales, al escuchar la propuesta de Gustavo Petro, decidieron no unirse a la iniciativa y ordenaron que las actividades laborales se adelantarán sin ningún cambio.
Por ejemplo, tanto Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, como Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, aseguraron que en ambas ciudades, incluyendo las entidades distritales, funcionarían sin ninguna novedad.
A esta negativa, también se sumaron todas las entidades de la Rama Judicial, el alcalde de Bucaramanga, las universidades privadas, el alcalde de Cartagena, y el gobernador del departamento de Antioquia.
