La vejez de don Hernando Montero estaba arruinada. Su niñez y juventud la pasó en Fusagasugá, Cundinamarca, en una familia humilde y sin opciones para llevarlo de joven a estudiar alguna carrera en Bogotá.
Dice que le tocó salir a la vida, a enfrentarla por sí solo, desde los 17 años. Trabajos ocasionales como jornalero le dieron algunos pesos que malgastaba en trago. Él mismo cuenta que, desde los 18 años, era alcohólico.
“Mi vida era en cantinas y prostíbulos, bailando y tomando”, cuenta Hernando Montero, hoy con 86 años de edad.
Era tal el desorden y abandono de sí mismo que en una oportunidad viajó al Chocó a un trabajo temporal y, tras una noche de fiesta, dejó a una mujer embarazada. Tuvo una hija con ella y -por el mismo caos de su vida- la dejó de ver al poco tiempo. Solo se interesó en ella hasta cuando tuvo 8 años de edad. Jamás volvió a saber de su pequeña.
“Debe tener unos 49 años si sigue viva. Solo fui al Chocó a hacer un trabajo en construcción de carreteras, pero no como obrero sino en manejo de personal. Como me había botado a la vida cuando ya era alcohólico, empecé a trabajar para conseguir trago y sobrevivir”.
Es sereno para reconocer que hasta avanzada edad solo pensaba en licor y mujeres fáciles. Nunca se preocupó en tener familia estable temiendo una vejez en soledad. “No soy inteligente ni instruido porque hice hasta quinto año de primaria. Me tocó sobrevivir con la gente que me ayudara”.
Tras quedarse sin trabajo, hace unos 20 años, se vio sin opciones para sobrevivir. No tenía oportunidad para una pensión pues muchos de sus trabajos fueron informales, y su familia en vida, una hermana, no podía hacerse cargo de él.
“Tuve la suerte de llegar a la Beneficencia, que la entidad me acogiera”, dice don Hernando, sentado en un quiosco de una de las zonas verdes del Centro Bienestar del Anciano San Pedro Claver, en Bogotá.
“Para mí esto es un paraíso. Cuando salimos nos damos cuenta cómo es el ambiente por fuera; hay una alcantarilla por la Avenida Boyacá, y al frente hay señores viviendo como indigentes, muchos viejos ahí en la alcantarilla. Yo mirándolos a ellos, me considero un rey”, comenta.
Pero su reinado está en riesgo. La institución San Pedro Claver, como el resto de entidades de la Beneficencia en Cundinamarca, han entrado en una crisis de financiamiento que las está llevando a la insostenibilidad. Lo que algunos de sus funcionarios temen es que, a mediano plazo, tiendan a desaparecer.
Casi tres mil personas vulnerables dependen de ella
La Beneficencia de Cundinamarca es un símbolo institucional de caridad en el departamento. Existe desde hace 145 años y sus casas han sido creadas para albergar y atender a tres tipos de personas vulnerables: niños huérfanos o en situación de extrema pobreza, hombres y mujeres con discapacidad mental, y abuelos en estado o riesgo de abandono.
Actualmente operan 11 centros de atención a este tipo de población, los cuales se distribuyen en varios territorios de Cundinamarca: Fusagasugá, Arbeláez, Villeta, Sibaté, Facatativá, Chipaque, Pacho y Bogotá.
Las entidades de la Beneficencia llevan operando en Cundinamarca entre 30 y 141 años.
Casi todas las edificaciones consisten en fincas de estilo colonial o republicano con amplias zonas verdes y una sencillez austera, pero con suficiente dignidad para recibir a personas vulnerables de cualquier rincón del departamento.
Dos de esos centros, los de Sibaté, atienden a personas con retraso mental. Seis más se encargan de adultos mayores y los restantes tres cuidan a menores de edad.
En total, las instituciones protegen con su servicio a 2.707 usuarios, y de acuerdo a lo que ha podido establecer KienyKe.com, ninguno de esos centros había recibido los dineros necesarios para continuar funcionando desde hace más de cuatro meses.
Este medio digital pudo visitar una de las instituciones, el centro de atención a los ancianos de Bogotá, pero consiguió contacto con otras siete casas de Beneficencia en Cundinamarca. Funcionarios de esos lugares, bajo condición de reserva de identidad, contaron que la entidad parece atravesar una crisis de financiamiento, cuyo coletazo terminaría por golpear a los pacientes.
Todas las casas habían confirmado que hasta el 20 de septiembre no habían recibido los pagos correspondientes a cuatro meses de funcionamiento; debieron recurrir a préstamos y la solidaridad de sus proveedores para que les aplazaran -mes tras mes- el cobro de sus deudas.
El último viernes de septiembre, la Beneficencia giró a las entidades el pago correspondiente a un mes. Es decir, a pesar del adelanto aún les deben cuatro meses para quedar al día.
Algunas entidades manifiestan que para finales de octubre no tendrían el dinero para pagar a sus funcionarios.
La carga de sostenimiento de estas entidades es alta. Son operados por comunidades religiosas femeninas (monjas), lo que suprime el carácter de ánimo de lucro de los contratos. Sin embargo, cada centro debe cubrir los costos de hospedaje, alimentación, servicios médicos, entretenimiento y demás gastos que exige la vida de una persona 24 horas del día, siete días de la semana.
Los centros cuidad y atienden a personas con discapacidad mental, adultos mayores en situación de extrema pobreza y niños.
La cantidad de beneficiarios es considerable. Por ejemplo, los dos centros de atención a personas con discapacidad mental que operan en Sibaté (sur de Bogotá), albergan cada uno a casi 600 usuarios.
El centro de bienestar del Anciano de Bogotá tiene unos 200 abuelitos, el de Arbelaez 170, en Fusagasugá hay al menos 100, en Facatativá 80, Villeta tiene unos 80, y Chipaque 90 ancianos.
Respecto a los centros de atención a menores, la institución de Fusagasugá recibe a 290 niños, niñas y adolescentes en alto grado de vulnerabilidad y abandono; en Sibaté se encuentran otros 260 y Pacho cuida de unos 190.
Cabe aclarar que cada centro recibe niños de distintos municipios cundinamarqueses; no necesariamente atienden solo a víctimas de pobreza y vulnerabilidad de sus regiones.
Todos esos centros son operados por casi 900 funcionarios cuyo sueldo, posiblemente, este mes quedaría en riesgo.
"La Beneficencia se ha preocupado, pero la situación es crítica"
KienyKe.com consiguió hablar con varios funcionarios de algunas de las casas de la Beneficencia en Cundinamarca, quienes detallaron los inconvenientes que tienen el riesgo la atención de sus pacientes.
Según explicaron, en enero de este año se firmó un convenio de cooperación con la Beneficencia por 11 meses, hasta el 31 de diciembre de 2014, en el que se presupuestaban los dineros que el gobierno entregaría a estos hogares de forma mensual.
De acuerdo con los funcionarios consultados, el contrato incluía un acuerdo en el que los contratistas -en este caso organizaciones religiosas- se comprometían a asumir los costos del mantenimiento de su establecimiento hasta por tres meses, en caso de que la Gobernación no tuviera los recursos suficientes para el pago mes vencido.
Las organizaciones aceptaron la condición pero no estimaron que cargar con ese compromiso se extendiera hasta casi cinco meses.
“La beneficencia sí se ha preocupado por nosotros, pero la situación que enfrentamos es crítica. Nos llegó la factura del gas y no tenemos un peso para pagarla. Todo es con dinero prestado. Eso causa hasta problemas de salud y estrés a los administrativos. Algunos de los proveedores han estado llamando todos los días cobrando. A mucha parte del personal no se les ha pagado. No son conscientes que la gente está sufriendo; el mes pasado no tuvimos para hacer mercado de grano”, sostuvo uno de los funcionario del centro de atención al anciano en Bogotá.
Fachada del Centro Bienestar del Anciano San Pedro Claver, en Bogotá.
Como él, quienes trabajan en los otros centros se preguntan qué sucederá con el futuro de las casas de la beneficencia, si al parecer se están quedando sin financiamiento.
“Tenemos entendido que para mantener las beneficencias han tenido que vender los bienes y patrimonios. Por ser una entidad descentralizada debería ser autosostenible. Tenían un impuesto que ahora va a la Gobernación pero no a la Beneficencia. Se dice que están bregando para que les quiten la carga de los pensionados, que son como 2.500, y que se vendan otras instituciones”, especula otro funcionario.
Curiosamente, aún existe un impuesto que se cobra cuando hay ventas de bienes inmuebles en Cundinamarca y se denomina ‘Impuesto de Beneficencia, de Registro y Anotación”. Hasta 1996, esos dineros servían para financiar las casas que acogen a desamparados.
Pero a partir de ese año, y bajo el mandato de la entonces gobernadora Leonor Serrado de Camargo, se decidió que esos jugosos recursos obtenidos por el impuesto no fueran a las arcas de la Beneficencia sino que los administrara directamente la Gobernación.
Esta decisión, sin duda, dictó sentencia negativa contra la entidad que, año por año, empezó a desfinanciarse.
KienyKe.com contactó a Leonor Serrano, entonces gobernadora del Departamento, quien culpó de esa decisión al gobierno nacional y desmintió que cambiar el destino de ese tributo haya sido iniciativa suya.
“Si los recursos ya no se entregaban directamente a la Beneficencia sino al Gobierno Departamental fue porque una ley de la República así lo ordenó. A mí solo me quedaba la opción de cumplirla”, dijo la exfuncionaria en referencia a la Ley 223 de 1995.
No obstante criticó la situación actual de la entidad y calificó su historia reciente como un “despilfarro”. “Es increíble que se hayan vendido casi todos los bienes de la Beneficencia. La única que le compré bienes a la Beneficencia fui yo. Ha habido mucho despilfarro”, añadió.
"Estamos al día con ellos"
De acuerdo a información conocida por este medio, y por citar un par de ejemplos, las casas de beneficencia de Sibaté reciben cada una unos 250 millones de pesos mensuales para el sostenimiento de sus psiquiátricos. Un ancianato, como el de Bogotá, cuesta aproximadamente 215 millones.
Que durante cuatro meses se les haya adeudado el dinero correspondiente a su funcionamiento puede ser delicado para garantizar la atención de las entidades que solo atienden a los más pobres.
Es de aclara que en el desarrollo de la investigación, este medio conoció que a finales de septiembre el Departamento les abonó a la deuda el pago de un mes.
La Beneficencia transmitió un compromiso del Gobernador de Cundinamarca: "No corren riesgo las instituciones que forman parte del plan de Desarrollo". Los centros de atención a personas vulnerables son algunos de ellos.
En respuesta a esta denuncia, la Beneficencia de Cundinamarca desmintió que haya una crisis de financiamiento de la entidad, y aseguraron estar al día con las casas: “Los pagos se han efectuado dentro de los plazos establecidos en los Convenios de Cooperación que establecen, en su forma de pago, que los aportes de la Beneficencia se efectuarán por mensualidades vencidas dentro de los tres meses siguientes a la radicación (…) No obstante lo anterior, la Beneficencia ha venido haciendo esfuerzos para cancelar en el menor tiempo posible. Sólo en el pago de septiembre se tuvo un retraso de máximo de cinco días por fuera del plazo establecido”, dijo a KienyKe.com la gerente de la institución, Yanit Mora Moscote.
La funcionaria informó que el mantenimiento mensual de los once centros cuesta en promedio 2.200 millones de pesos. Confirmaron que los recursos para su supervivencia se obtienen mediante la venda o arrendamiento de sus bienes inmuebles, y algunos convenios interadministrativos con instituciones como el ICBF o la caja de compensación CAFAM.
Respecto al impuesto que paradójicamente se llamada de Beneficencia pero que no aporta a la institución, la actual Gobernación presentó un proyecto de Ordenanza para que un porcentaje de los dineros que genera ese tributo sí sean destinados al mantenimiento de las casas de caridad. Sin embargo la idea no fue aprobada por los diputados. “Próximamente radicaremos otro proyecto con un porcentaje menor, para financiar el proyecto de Discapacidad Mental”, añadió Mora.
“Ante las dificultades de liquidez que afronta la Beneficencia, el Departamento estudió la posibilidad de asumir la financiación directa de algunos de los programas como Niñez, adolescencia y adulto mayor a partir de la vigencia 2015”, anunció la gerente.
Ante KienyKe.com la Beneficencia de Cundinamarca se comprometió a mantener vivo el proyecto que atiende a casi tres mil cundinamarqueses en condición de extrema vulnerabilidad.
“En la Actual administración del Dr. Alvaro Cruz Vargas, no corren riesgo las instituciones ya que forman parte del Plan de Desarrollo Departamental ‘Cundinamarca Calidad de Vida’, es así como en el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social para la vigencia 2015, ya se incluyó la financiación de los programas mencionados en el punto anterior, quedando la Beneficencia de Cundinamarca con la Ejecución del programa de Discapacidad Mental”, concluyó.
Las entidades de la Beneficencia llevan operando en Cundinamarca entre 30 y 141 años.
Casi todas las edificaciones consisten en fincas de estilo colonial o republicano con amplias zonas verdes y una sencillez austera, pero con suficiente dignidad para recibir a personas vulnerables de cualquier rincón del departamento.
Dos de esos centros, los de Sibaté, atienden a personas con retraso mental. Seis más se encargan de adultos mayores y los restantes tres cuidan a menores de edad.
En total, las instituciones protegen con su servicio a 2.707 usuarios, y de acuerdo a lo que ha podido establecer KienyKe.com, ninguno de esos centros había recibido los dineros necesarios para continuar funcionando desde hace más de cuatro meses.
Este medio digital pudo visitar una de las instituciones, el centro de atención a los ancianos de Bogotá, pero consiguió contacto con otras siete casas de Beneficencia en Cundinamarca. Funcionarios de esos lugares, bajo condición de reserva de identidad, contaron que la entidad parece atravesar una crisis de financiamiento, cuyo coletazo terminaría por golpear a los pacientes.
Todas las casas habían confirmado que hasta el 20 de septiembre no habían recibido los pagos correspondientes a cuatro meses de funcionamiento; debieron recurrir a préstamos y la solidaridad de sus proveedores para que les aplazaran -mes tras mes- el cobro de sus deudas.
El último viernes de septiembre, la Beneficencia giró a las entidades el pago correspondiente a un mes. Es decir, a pesar del adelanto aún les deben cuatro meses para quedar al día.
Algunas entidades manifiestan que para finales de octubre no tendrían el dinero para pagar a sus funcionarios.
La carga de sostenimiento de estas entidades es alta. Son operados por comunidades religiosas femeninas (monjas), lo que suprime el carácter de ánimo de lucro de los contratos. Sin embargo, cada centro debe cubrir los costos de hospedaje, alimentación, servicios médicos, entretenimiento y demás gastos que exige la vida de una persona 24 horas del día, siete días de la semana.
Los centros cuidad y atienden a personas con discapacidad mental, adultos mayores en situación de extrema pobreza y niños.
La cantidad de beneficiarios es considerable. Por ejemplo, los dos centros de atención a personas con discapacidad mental que operan en Sibaté (sur de Bogotá), albergan cada uno a casi 600 usuarios.
El centro de bienestar del Anciano de Bogotá tiene unos 200 abuelitos, el de Arbelaez 170, en Fusagasugá hay al menos 100, en Facatativá 80, Villeta tiene unos 80, y Chipaque 90 ancianos.
Respecto a los centros de atención a menores, la institución de Fusagasugá recibe a 290 niños, niñas y adolescentes en alto grado de vulnerabilidad y abandono; en Sibaté se encuentran otros 260 y Pacho cuida de unos 190.
Cabe aclarar que cada centro recibe niños de distintos municipios cundinamarqueses; no necesariamente atienden solo a víctimas de pobreza y vulnerabilidad de sus regiones.
Todos esos centros son operados por casi 900 funcionarios cuyo sueldo, posiblemente, este mes quedaría en riesgo.
"La Beneficencia se ha preocupado, pero la situación es crítica"
KienyKe.com consiguió hablar con varios funcionarios de algunas de las casas de la Beneficencia en Cundinamarca, quienes detallaron los inconvenientes que tienen el riesgo la atención de sus pacientes.
Según explicaron, en enero de este año se firmó un convenio de cooperación con la Beneficencia por 11 meses, hasta el 31 de diciembre de 2014, en el que se presupuestaban los dineros que el gobierno entregaría a estos hogares de forma mensual.
De acuerdo con los funcionarios consultados, el contrato incluía un acuerdo en el que los contratistas -en este caso organizaciones religiosas- se comprometían a asumir los costos del mantenimiento de su establecimiento hasta por tres meses, en caso de que la Gobernación no tuviera los recursos suficientes para el pago mes vencido.
Las organizaciones aceptaron la condición pero no estimaron que cargar con ese compromiso se extendiera hasta casi cinco meses.
“La beneficencia sí se ha preocupado por nosotros, pero la situación que enfrentamos es crítica. Nos llegó la factura del gas y no tenemos un peso para pagarla. Todo es con dinero prestado. Eso causa hasta problemas de salud y estrés a los administrativos. Algunos de los proveedores han estado llamando todos los días cobrando. A mucha parte del personal no se les ha pagado. No son conscientes que la gente está sufriendo; el mes pasado no tuvimos para hacer mercado de grano”, sostuvo uno de los funcionario del centro de atención al anciano en Bogotá.
Fachada del Centro Bienestar del Anciano San Pedro Claver, en Bogotá.
Como él, quienes trabajan en los otros centros se preguntan qué sucederá con el futuro de las casas de la beneficencia, si al parecer se están quedando sin financiamiento.
“Tenemos entendido que para mantener las beneficencias han tenido que vender los bienes y patrimonios. Por ser una entidad descentralizada debería ser autosostenible. Tenían un impuesto que ahora va a la Gobernación pero no a la Beneficencia. Se dice que están bregando para que les quiten la carga de los pensionados, que son como 2.500, y que se vendan otras instituciones”, especula otro funcionario.
Curiosamente, aún existe un impuesto que se cobra cuando hay ventas de bienes inmuebles en Cundinamarca y se denomina ‘Impuesto de Beneficencia, de Registro y Anotación”. Hasta 1996, esos dineros servían para financiar las casas que acogen a desamparados.
Pero a partir de ese año, y bajo el mandato de la entonces gobernadora Leonor Serrado de Camargo, se decidió que esos jugosos recursos obtenidos por el impuesto no fueran a las arcas de la Beneficencia sino que los administrara directamente la Gobernación.
Esta decisión, sin duda, dictó sentencia negativa contra la entidad que, año por año, empezó a desfinanciarse.
KienyKe.com contactó a Leonor Serrano, entonces gobernadora del Departamento, quien culpó de esa decisión al gobierno nacional y desmintió que cambiar el destino de ese tributo haya sido iniciativa suya.
“Si los recursos ya no se entregaban directamente a la Beneficencia sino al Gobierno Departamental fue porque una ley de la República así lo ordenó. A mí solo me quedaba la opción de cumplirla”, dijo la exfuncionaria en referencia a la Ley 223 de 1995.
No obstante criticó la situación actual de la entidad y calificó su historia reciente como un “despilfarro”. “Es increíble que se hayan vendido casi todos los bienes de la Beneficencia. La única que le compré bienes a la Beneficencia fui yo. Ha habido mucho despilfarro”, añadió.
"Estamos al día con ellos"
De acuerdo a información conocida por este medio, y por citar un par de ejemplos, las casas de beneficencia de Sibaté reciben cada una unos 250 millones de pesos mensuales para el sostenimiento de sus psiquiátricos. Un ancianato, como el de Bogotá, cuesta aproximadamente 215 millones.
Que durante cuatro meses se les haya adeudado el dinero correspondiente a su funcionamiento puede ser delicado para garantizar la atención de las entidades que solo atienden a los más pobres.
Es de aclara que en el desarrollo de la investigación, este medio conoció que a finales de septiembre el Departamento les abonó a la deuda el pago de un mes.
La Beneficencia transmitió un compromiso del Gobernador de Cundinamarca: "No corren riesgo las instituciones que forman parte del plan de Desarrollo". Los centros de atención a personas vulnerables son algunos de ellos.
En respuesta a esta denuncia, la Beneficencia de Cundinamarca desmintió que haya una crisis de financiamiento de la entidad, y aseguraron estar al día con las casas: “Los pagos se han efectuado dentro de los plazos establecidos en los Convenios de Cooperación que establecen, en su forma de pago, que los aportes de la Beneficencia se efectuarán por mensualidades vencidas dentro de los tres meses siguientes a la radicación (…) No obstante lo anterior, la Beneficencia ha venido haciendo esfuerzos para cancelar en el menor tiempo posible. Sólo en el pago de septiembre se tuvo un retraso de máximo de cinco días por fuera del plazo establecido”, dijo a KienyKe.com la gerente de la institución, Yanit Mora Moscote.
La funcionaria informó que el mantenimiento mensual de los once centros cuesta en promedio 2.200 millones de pesos. Confirmaron que los recursos para su supervivencia se obtienen mediante la venda o arrendamiento de sus bienes inmuebles, y algunos convenios interadministrativos con instituciones como el ICBF o la caja de compensación CAFAM.
Respecto al impuesto que paradójicamente se llamada de Beneficencia pero que no aporta a la institución, la actual Gobernación presentó un proyecto de Ordenanza para que un porcentaje de los dineros que genera ese tributo sí sean destinados al mantenimiento de las casas de caridad. Sin embargo la idea no fue aprobada por los diputados. “Próximamente radicaremos otro proyecto con un porcentaje menor, para financiar el proyecto de Discapacidad Mental”, añadió Mora.
“Ante las dificultades de liquidez que afronta la Beneficencia, el Departamento estudió la posibilidad de asumir la financiación directa de algunos de los programas como Niñez, adolescencia y adulto mayor a partir de la vigencia 2015”, anunció la gerente.
Ante KienyKe.com la Beneficencia de Cundinamarca se comprometió a mantener vivo el proyecto que atiende a casi tres mil cundinamarqueses en condición de extrema vulnerabilidad.
“En la Actual administración del Dr. Alvaro Cruz Vargas, no corren riesgo las instituciones ya que forman parte del Plan de Desarrollo Departamental ‘Cundinamarca Calidad de Vida’, es así como en el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social para la vigencia 2015, ya se incluyó la financiación de los programas mencionados en el punto anterior, quedando la Beneficencia de Cundinamarca con la Ejecución del programa de Discapacidad Mental”, concluyó.
