Este viernes, los voceros de varias organizaciones de derechos humanos, informaron que entre mayo y junio entregarán ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para Paz (JEP), algunos documentos donde se evidencian la sistematicidad y las prácticas generalizadas que, según ellos, existieron desde las Fuerzas Militares al cometer los mal llamados "falsos positivos".
En total se agrupan 210 casos de ejecuciones extrajudiciales, abusos de organismos de inteligencia del Ejército y crímenes de paramilitarismo, en donde estarían comprometidos varios agentes del Estado.
Algunas de las organizaciones se encuentran son la asociación Minga, el colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el colectivo Orlando Fals Borda, el Comité de Solidaridad de los Presos Políticos, Comisión Colombiana de Juristas, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Corporación Jurídica Libertad, Corporación Yira Castro y Humanidad Vigente. Además, se suman las plataformas Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
Entre los casos ejecuciones extrajudiciales cometidos investigados está los de Arauca, Antioquia, Sur de Bolívar, Cesar y la Guajira, que implicaría a generales retirados y altos mandos de la actual Estado Mayor del Ejército. También se investigaciones a presuntos crímenes del Ejército en los departamentos del Meta y Guaviare, donde hubo casos de violaciones de derechos humanos por más de 20 años.
"Con esto se busca demostrar la sistematicidad y las prácticas generalizadas, basadas en órdenes desde los altos mandos del Ejército Nacional y expresadas en acciones y formas de operar que no fueron aisladas, sino que obedecieron a una política de Estado y que en su gran mayoría permanecen en la impunidad en la justicia ordinaria", dijeron las organizaciones de acuerdo a La Opinión.
De acuerdo con Liliana Uribe, coordinadora de la articulación de organizaciones, se espera que con la entrega de estos informes la JEP se puedan abrir casos nuevos sobre algunos de los crímenes investigados que aún no ha sido priorizado por la justicial transicional.
