En los últimos días, se conoció un supuesto sofisticado mecanismo de corrupción, entre algunos funcionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Contraloría General de la Nación y algunos Congresistas, mediante el cual se habrían apropiado de aproximadamente medió billón de pesos.
Según las denuncias presentadas, los involucrados en este hecho de corrupción habrían cobrado diferentes comisiones, de hasta el 5%, para que algunos de los proyectos presentados fueran aprobados y ejecutados con mayor eficacia.
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Este hecho se ve supuestamente agravado al conocer que hubo aprobaciones de proyectos que no contaban con consultorías y obras que no tenían aprobación de autoridades regionales o permisos de entidades como Invias.
“En este estudio también se analizó la inversión destinada a la implementación del Acuerdo Final de Paz y se identificaron proyectos que fueron admitidos por el Ocad Paz sin la debida verificación de los requisitos indispensables establecidos en el Concepto Único Sectorial, a la luz de la Ley 2056 de 2020 para su respectiva priorización, aprobación y posterior contratación y ejecución”, explica la Contraloría.
Adicionalmente, la periodista Valeria Santos expuso que este monto se habría logrado porque durante este gobierno se terminó adelantando el presupuesto de regalías de los próximos 10 años, según el Comisionado Emilio Archila, quien era el presidente del OCAD-PAZ.
En razón de ello, el OCAD-PAZ entregó 4.4 billones en el 2021 para los municipios PDET, sin embargo, el criterio de asignación habría estado mediado, según testimonios de alcaldes, por coimas para algunos funcionarios que podían incidir en el proceso de visibilización.
En este sentido, se reconoció que las entidades regionales que tienen mayor asignación de recursos son Bolívar, con $243.000 millones; Cauca, con $222.000 millones; y Guaviare, con $203.000 millones. A esta lista se suman los municipios de Valencia, $135.000 millones); Fonseca, $123.000 millones; y Pueblo Bello, $115.000 millones.
“Lo que más llamó la atención de la Contraloría fue que los 8 proyectos y sus estudios fueron elaborados por la misma persona, a título de donación y sin vínculo contractual con las administraciones auditadas, configurándose una posible malla contractual, con el mismo formulador y una misma empresa contratista para todos los municipios camuflada en distintas uniones temporales”, indicó la entidad.
Pero esto no es todo, sino que, por el contrario, se conoció que aparte de las coimas, aparentemente, los involucrados cobraban entre el 2% y 5% del valor del proyecto para que un congresista lo apadrinara y con ello le diera mayor visibilidad.
Ante lo sucedido, la Contraloría General de la República denunció penalmente, ante la Fiscalía, a los supuestos responsables, señalando que: “en calidad de ciudadanos y funcionarios públicos estamos siendo víctimas de conductas de injuria y calumnia, y con ello además de afectar nuestro buen nombre genera un riesgo alto para la Contraloría General de la República (CGR), entidad para la que laboramos”, concluyó la entidad.
