El senador Humberto de la Calle, que fue el jefe del equipo negociador del Gobierno, y el ex alto comisionado para la Paz Sergio Jaramillo expresaron su decepción con los pocos esfuerzos del actual Gobierno de Gustavo Petro para implementar el acuerdo alcanzado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, ya que a pesar de las promesas del mandatario de hacerlo, "las buenas intenciones no se traducen aún en avances".
Por medio de la declaración hicieron un llamado al Gobierno Nacional a "pasar lo antes posible de la palabra a la acción, para que el proceso de paz no siga perdiendo terreno en los territorios de Colombia".
De esa forma, expresaron ocho preocupaciones como el hecho de que "la violencia recurrente en los territorios amenaza la implementación", con masacres "cada vez más frecuentes" y "el incremento significativo de asesinatos de líderes sociales en el nuevo Gobierno" (hasta noviembre habían asesinado a 199 líderes, según la Defensoría, una cifra superior a todo 2021 y 2022).
También lamentaron que no se haya nombrado aún un responsable en liderar la ejecución del acuerdo y que esas funciones recaigan sobre el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, quien con todas sus funciones -negociar con el ELN y emprender contactos con otros grupos criminales, entre otras- "es humanamente imposible" que "se encargue eficazmente de la implementación del Acuerdo de Paz".
Tampoco hay director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización "ni se ha creado como estaba previsto el Sistema Nacional de Reincorporación", con lo que "el bienestar de 12.700 excombatientes de las FARC está en juego", consideraron los exnegociadores.
De la Calle y Jaramillo ven con buenos ojos el "incremento significativo de recursos" para el Ministerio de Agricultura y las agencias del sector rural porque el primer punto del acuerdo, el de reforma rural integral, es el que menos se ha implementado, y también apuntan a la sustitución de cultivos ilícitos como uno de los mayores retos, al llegar los cultivos de coca a 204.000 hectáreas en 2021, por lo que consideran "urgente" que Petro emita una hoja de ruta.
Por otra parte, llaman a blindar a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que este próximo año emitirá las primeras condenas por macrocrímenes durante el conflicto y a quien el gobierno de Iván Duque puso numerosas trabas y también piden a la Misión de Verificación de la ONU y a la comunidad internacional a "no descuidar" la verificación de la implementación.
Esto después de dejar constancia de que el acuerdo de paz se ha "mantenido vivo" gracias a "la dedicación de las comunidades y la vigilancia de la comunidad internacional" y "en medio de tantas dificultades", ya que Duque había construido su plataforma electoral justamente sobre la oposición al acuerdo.
Por eso lamentan que un Gobierno como el de Petro, que se ha mostrado a favor del acuerdo y de su implementación, aún no esté dando pasos firmes para conseguir su completa implementación.
