Mediante un boletín, la Fiscalía General de la Nación presentó un escrito acusatorio contra el excongresista Edwin Gilberto Ballesteros Archila por supuestas irregularidades contractuales halladas entre los años 2013 y 2016, cuando el mismo se desempeñaba como gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander.
Con este informe, la entidad de control oficializa las acusaciones contra Ballesteros al argumentar que se encontraron pruebas suficientes que evidencian la participación del exfuncionario público dentro de 12 conductas ilegales relacionadas con los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, entre otras.
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“En esa verificación encontró suficientes elementos para demostrar la posible participación del señor Ballesteros Archila en 12 conductas ilegales distintas relacionadas con los delitos de: concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, concusión, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos”, señaló la entidad.
Asimismo, el ente acusador sostuvo que Edwin Ballesteros fue partícipe de un acuerdo ilícito en el que comprometió directamente a la contratación de la empresa de servicios públicos de la Gobernación de Santander.
“La Fiscalía estableció que el entonces gerente de la ESANT, al parecer, hizo parte de un acuerdo ilícito en el que se comprometió la contratación de la Gobernación de Santander de la empresa de servicios públicos para que quedara en manos de algunas personas específicas, a cambio del pago de dádivas”.
Aunado a ello, el ente afirmó que las acusaciones contra el excongresista se manifiestan en al menos cuatro millonarios contratos.
- Contrato 157 del 29 de diciembre de 2014, cuyo objeto era la rehabilitación y mantenimiento del alcantarillado afectado por el hundimiento en el sector El Casino y las filtraciones de los demás tramos, en Sucre, Santander. Aquí se contempló un monto de hasta 1.188 millones de pesos.
- Contrato de obra 068 del 23 de febrero del 2015, que contempló obras relacionadas con la planta compacta para potabilización de agua en Enciso, Santander, por un valor superior a los 470 millones de pesos.
- Contrato 287 del 4 de diciembre de 2015, para la construcción del acueducto regional del río Quirata, en Landázuri, Santander. El valor superó los 4.340 millones de pesos.
- Intención de contratar los acueductos de Barichara y Chipatá, Santander. El señor Ballesteros Archila, supuestamente, recibió 600 millones de pesos por parte del interesado en este proyecto, que no se suscribió ante la salida del hoy procesado de la Empresa de Servicios Públicos de Santander.
Cabe destacar, que estas investigaciones permitieron reconocer las razones por las cuales se había declarado la situación de calamidad pública en el departamento mediante la figura de urgencia manifiesta que permitía generar convenios contractuales para, supuestamente, favorecer a una unión temporal en especial, que no cumplía los requisitos de ley.
Igualmente, estos estudios demuestran que la Fiscalía identificó falencias en los estudios previos y ajustes arbitrarios en los pliegos para beneficiar al contratista, que no contaba con la experiencia requerida. También se identificó que la investigación da cuenta de que la adjudicación del contrato estuvo mediada por el pago de $100’000.000, los cuales, presuntamente, fueron entregados al entonces director de la ESANT.
