Durante más de dos horas estuvieron reunidos en el bunker de la Fiscalía el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa, quien dio pormenores de su encuentro con el primer mandatario. El gerente del ente investigativo fue enfático en que el diálogo entre ambas partes no solo fue cordial, sino que hallaron varios puntos en común.
La Paz Total fue uno de los tópicos más importantes. Entre otras cosas, el fiscal Barbosa manifestó su preocupación ante el concepto de cese de hostilidades, que podría ser interpretado como un freno a las acciones del Estado sobre el actuar de estructuras narcotraficantes. Por eso, el funcionario resaltó la importancia de diferenciar un sometimiento a la justicia de una negociación de paz con grupos de origen político.
En ese sentido, las negociaciones no serán con organizaciones cuyo negocio radique puntualmente en acciones delictivas y de narcotráfico.
Piden que narcos no se hagan pasar por gestores de paz
Por otra parte, el fiscal Barbosa señaló que la entidad está adelantando todos los procedimientos investigativos para verificar que capos del narcotráfico y demás 'traquetos' no se hagan pasar como voceros o gestores de paz, haciéndole goles a la Paz Total planteada por el actual gobierno.
El funcionario dijo que el presidente Petro "rechaza ese tipo de acercamientos que intenten hacer ciertos criminales; en ese sentido, respalda las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación para esclarecer este asunto".
Al respecto, bajo gravedad de juramento, declararán ante la Fiscalía Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, así como Juan Fernando Petro, hermano del presidente, y algunos abogados.
En cuanto a la liberación de algunos miembros de la denominada Primera Línea, señaló que son los jueces quienes tomen esas medidas, pues la Fiscalía no tiene competencias para ello. Sin embargo, fue claro en que la entidad estará vigilando que se cumplan todos los procedimientos legales y constitucionales relacionados con estos casos que, inevitablemente, han tomado un matiz político.
Por último, reiteró que, "filosóficamente", la Fiscalía no comparte que delitos como injuria o calumnia sean despenalizados. Argumentó que eso, en una sociedad como la colombiana, traería una naturalización de conductas punibles, agravando el panorama social.
