El excongresista del Centro Democrático, Edwin Ballesteros, fue notificado por la Fiscalía de los cargos que se le imputan por presuntas irregularidades cuando fungía como gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander ((ESANT).
Al excongresista se le acusa de supuestamente haber sido parte de un entramado de corrupción en la celebración de contratos en Santander, liderado, al parecer, por el también excongresista y exgobernador de Santander Richard Aguilar, de quien habría recibido beneficios.
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En ese sentido, se espera que el juez de garantías apruebe dicha imputación y proceda a formalizar el expediente en su contra.
La comunicación de la Fiscalía general de la Nación llegó a través de un juez en Bucaramanga por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho.
La Fiscalía, además, señaló que el excongresista habría incurrido en al menos 13 violaciones del código penal siendo gerente de la Empresa de Servicios Públicos en Santander
“Las conductas están relacionadas con cinco contratos, suscritos entre 2014 y 2015, en los que habría tenido participación Edwin Ballesteros como gerente de Esant, y en los que la evidencia da cuenta de posibles anomalías en el trámite, celebración y ejecución”, señaló la Fiscalía.
Cabe recordar que el exrepresentante renunció el pasado 8 de septiembre al Congreso.
Esta investigación en contra de Ballesteros se desprendió de una compulsa de copias que hizo el 25 de septiembre de 2019 la Fiscalía General a la Corte Suprema por el proceso que se adelanta contra el exsenador Richard Aguilar, quien está detenido por el presunto entramado de corrupción en Santander.
De acuerdo con la Corte, cuatro contratos firmados por el exsenador Aguilar entre 2014 y 2015 tienen irregularidades y las investigaciones apuntan a "hechos que también lo involucran con una posible concertación para delinquir y en los cuales al parecer abusó del poder que ostentaba y vulneró los principios de economía, planeación, transparencia y selección objetiva, fruto de lo cual se habría apropiado -para sí y para otros- de dineros públicos".
En el caso de Ballesteros, se investigan presuntos vicios en la firma de varios contratos, entre ellos, uno por $4.346 millones para construir el acueducto en el municipio de Landázuri, obra que aún no se ha terminado.
Los testimonios de Lenin Pardo y Claudia Toledo -testigos clave del caso- apuntan a que Ballesteros habría solicitado una millonaria 'coima' por la adjudicación del contrato para construir dicho acueducto.
