Congresistas de distintas bancadas junto a la organización Alianza Colombia Libre de Francking buscarán frenar los pilotos de Fracking en el país.
A través de un incidente de desacato radicado ante el Consejo de Estado, los 20 congresistas buscarán suspender esta práctica argumentando, según manifestaron, que el Gobierno Nacional no está cumpliendo con las condiciones dadas por el Alto Tribunal para avanzar con los pilotos de investigación.
En la acción interpuesta los congresistas y las organizaciones exponen que al parecer el Decreto 328 incumple las condiciones dadas por el Consejo de Estado por las siguientes razones:
- No incorpora los pasivos ambientales (impactos ambientales no resueltos/no compensados) que ha generado la industria de los hidrocarburos en los Yacimientos Convencionales.
- No contempla un plan de acción concreto para desarrollar las capacidades y el fortalecimiento institucional.
- No observa los estándares legales para garantizar integralmente la transparencia y el derecho de acceso a la información.
- No establece una disposición que regule el concepto de licencia social y la forma en que esta se otorga por parte de las comunidades locales.
- No contiene una estrategia de gestión del riesgo en los términos de las recomendaciones del Comité de Expertos.
- El decreto contiene disposiciones que no garantizan el carácter científico de los Proyecto Piloto de Investigación.
“Los Congresistas firmantes del desacato, afirmaron “esperan que el Gobierno Nacional siga el ejemplo reciente del Reino Unido, donde se le ha puesto fin al fracking en todo su territorio.”
“Que se incorporaran los pasivos ambientales, el tratamiento del cierre de los efectos de las externalidades que puede generar el piloto o el mismo fracking. ¿Qué pasó en el decreto presidencial y en los pilotos? que no lo incorporar, esa es una de las principales razones del desacato en que nos unimos”, manifestó la senadora del Partido Verde Angélica Lozano.
Además, solicitaron al Presidente Iván Duque que “acate las decisiones judiciales que implican cumplir con las condiciones que garanticen aplicar el principio de precaución, los derechos de las comunidades del Magdalena Medio y de los colombianos en general”.
